Page 86 - OPOSOCIAL - Estrategia_Prev_y_Lucha_Pobreza_2019-23
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universal, de calidad y gratuito en el momento del uso.
Blindar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Diseñar un sistema de copago farmacéutico que no constituya una barrera en el acceso a los medicamentos, particularmente para los colectivos más vulnerables.
Fomentar el acceso efectivo y equitativo al SNS de las personas residentes en España con independencia de su situación penal, administrativa, laboral, familiar, de ingresos, de residencia, origen étnico, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género o nacionalidad.
Promover estrategias y programas dirigidos a mejorar la salud y estilos de vida de grupos en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad, personas con adicciones, población gitana, personas con infección por el VIH, personas privadas de libertad, extutelados, personas de origen inmigrante, personas sin hogar, etc.
Trabajar desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud de manera coordinada entre los servicios sanitarios y sociales, y con participación de la ciudadanía, para dar una respuesta integral a los desafíos de salud de los colectivos más vulnerables.
La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico y mental que permite a las personas desarrollarse plenamente. Tal y como se contempla en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la salud es un componente básico del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, y así lo reconoce nuestra Constitución, que estipula la responsabilidad de los Gobiernos en asegurar las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible.
La salida de la crisis ha situado al sistema sanitario público español en una complicada tesitura en la que se ha de hacer frente a las grandes tendencias estructurales de cambio de la sociedad española y su impacto sobre el sistema sanitario público (envejecimiento, crecimiento de las desigualdades sociales, incremento de las expectativas respecto a la salud y la sanidad, etc.). La respuesta a dichas transformaciones ha de ser planteada en torno a la denominada “Triple Meta”: mejorar la salud de la población, proporcionar mejores cuidados y contener la tendencia al incremento de los costes.
Conviene tomar en consideración los potenciales efectos regresivos del creciente papel de la financiación privada en el ámbito sanitario (efectos de los copagos, riesgo de dualización del sistema por la expansión del aseguramiento privado, etc.). Así, resulta de vital importancia asegurar que el copago farmacéutico no suponga un obstáculo para acceder a los medicamentos que precisen los pacientes, particularmente los enfermos crónicos y las personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, se mantendrá el compromiso de exención del copago para determinados perfiles más vulnerables: familias con hijos menores perceptoras de las transferencias por hijo a cargo, afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica, personas perceptoras de rentas de integración social, personas perceptoras de pensiones no contributivas y personas desempleadas que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación.
Además del reto de la financiación del sistema, la sostenibilidad del sistema sanitario público se ve afectada por el riesgo de deterioro de la percepción pública sobre el funcionamiento del
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