Page 82 - OPOSOCIAL - Estrategia_Prev_y_Lucha_Pobreza_2019-23

programas de formación profesional como vía de acceso a la inserción laboral para los jóvenes afectados por esta dinámica, así como fomentar la formación a lo largo de la vida, integrando las distintas ofertas formativas e instrumentando el reconocimiento y la acreditación de las cualificaciones profesionales a nivel nacional.
Recientemente, el término de justicia intergeneracional está atrayendo más atención en las políticas públicas, refiriéndose al reparto entre las generaciones, tanto de las oportunidades de empleo y sus consecuencias en ingresos y riqueza, como en la configuración de las prestaciones sociales según grupos de edad. En la última década, el riesgo relativo de pobreza de las personas mayores ha disminuido sustancialmente, mientras que el de la población joven ha aumentado. Esto muestra que el Estado del bienestar, a través de sus servicios públicos y del sistema de pensiones, ha sido capaz de proteger a determinados colectivos de la población española contra la pobreza. Por otra parte, debe incidirse también en otros colectivos en riesgo: niños, adolescentes, jóvenes y familias. Para ello será necesario articular políticas de acceso a la formación, al empleo, a la vivienda y a los servicios públicos.
El mayor programa estatal dirigido a la formación y empleabilidad de la población joven es la Garantía Juvenil, impulsada por la Unión Europea en 2013. Este programa pretende garantizar el empleo, o la participación en un itinerario formativo o educativo de los y las jóvenes, en el plazo de cuatro meses. Tras varios años de aplicación de este programa, las tasas de desempleo juvenil en nuestro país continúan siendo muy altas y es necesario, además, impulsar la consolidación en el empleo de los beneficiarios de programas de inserción. Para mejorar la gestión del programa de Garantía Juvenil, incorporando recomendaciones y buenas prácticas europeas y del tercer sector, así como para afrontar los retos expuestos relacionados con el empleo joven, el Gobierno, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, ha puesto en marcha el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.
El contexto de deterioro económico y de escasez de empleo provocado por la crisis afectó también de manera especial a los y las jóvenes que carecen de experiencia laboral, así como a las personas con baja cualificación, perfiles sin las competencias personales y profesionales requeridas, parados de larga duración, mayores de 45 años, etc. Resulta imprescindible, por tanto, articular medidas específicas que contribuyan a hacer efectivo el derecho de estos colectivos a desarrollar sus proyectos de vida a través del acceso al empleo digno, de calidad, estable y bien remunerado y del acceso a la vivienda asequible, con especial atención a las particularidades de las mujeres, madres jóvenes y grupos en riesgo de pobreza y de exclusión social.
La salida efectiva de la crisis exige articular políticas dirigidas a lograr un mercado de trabajo más inclusivo, redoblando los esfuerzos de los servicios de empleo en los grupos con particulares dificultades de inserción laboral, con especial atención en los que presentan mayores deficiencias de formación y riesgo de precariedad laboral. Esto pasa, en buena medida, por promover una oferta formativa dirigida a un mercado laboral cambiante, ajustando mejor las competencias y facilitando las transiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
82