Page 13 - Edición 736 El Directorio latino

como causa de la pobreza cobra sen- tido si consideramos las conexiones de esta fundación. Una de sus fuentes de financiamiento es la Fundación de Bill y Melinda Gates,[10] una de las principales “donantes” en el mercado de la asistencia global,[11] conocida por su poder de lobby y sus estrechas relaciones con la élite global. Los Gates son íntimos amigos de la familia Clinton (que también tiene su funda- ción) y procuran cumplir con el obje- tivo de la asistencia, tal como lo definió alguna vez Hillary (Clinton): que los pobres ingresen al mer- cado.[12] Y la asistencia para el desa- rrollo logra expandirse sin límite (ni requisitos de transparencia o fiscaliza- ción) en aquellos países que gozan de un Estado ausente en lo económico- social, donde la educación, la salud, la seguridad, el espacio público queda en manos de la gestión de privados y del llamado “tercer sector”. En sínte- sis, en un escenario neoliberal.
EL PROBLEMA SON LOS RICOS... PERO NO LOS EMPRESARIOS
El director de Transparencia Interna- cional, también llama la atención sobre la responsabilidad de los ricos en este esquema, y nos recuerda la in- formación difundida por los “Panamá Papers”. Afirma: “como lo muestran los Panama Papers, es muy fácil para los ricos y poderosos explotar el lado oscuro de la finanza global para enri- quecerse a costa del erario público”. Hay tres aspectos que destacan en esta afirmación. Lo primero es que estos documentos, llamativamente, gozaron de menos atención por parte de los conglomerados mediáticos, en comparación con el caso Odebrecht (al menos en América Latina). Lo se- gundo, es que cuando la corrupción se asocia a los empresarios, se cataloga como “negocios turbios” o como se enuncia arriba, “el lado oscuro” de la finanza.
Esto sucede porque aquellos que deben lavar dinero, ocultar propieda- des o desviarlas para no pagar im- puestos (acciones que de un modo u otro repercuten en el erario público) gozan de un sistema legal que los am- para.
Como lo muestran los Panama Papers, es muy fácil para los ricos y poderosos explotar el lado oscuro de la finanza global para enriquecerse a costa del erario público.
Las empresas offshore no son ilegales, aunque sí pueden (“sin saberlo”) am- parar dinero que proviene de nego-
cios ilegales. Tal como declaró la titu- lar de la Oficina Anticorrupción del go- bierno argentino (en defensa de las cuentas offshore del presidente Mau- ricio Macri) “construir sociedad en pa- raíso fiscal no es delito en sí mismo”.[13] El tercer aspecto es rela- tivo a que buena parte (sino todos) de esos ricos y poderosos provienen del sector empresarial. El caso Odebrecht es un ejemplo de que los empresarios no son “medidos con la misma vara” que los funcionarios públicos, por el hecho de que el funcionario, por defi- nición, debe cuidar el erario público, en lugar de apropiarse de él. Este ar- gumento, sin embargo, desconoce el hecho de que la evasión impositiva, entre otras prácticas de los altos círcu- los empresariales, afectan también al Estado. Por otro lado, también se elude la cuestión de que muchos de esos empresarios sí ocuparon y ocu- pan un lugar en la burocracia estatal, el caso más evidente en América La- tina es el de Mauricio Macri.
Lo cierto es que de acuerdo al modo en que se va construyendo el caso de Odebrecht y el mismo Lava Jato, con base en la “delación premiada”, mu- chos empresarios redujeron sus años en la cárcel o incluso han evitado ser penados. Un ejemplo es que al desta- parse la existencia de coimas en diver- sos proyectos vinculadas a Odebrecht, el Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, fuera condenado a 43 años de cárcel, acusado de corrupción durante la construcción de la usina nuclear Angra 3.[14] Estas cuatro décadas con- trastan con el hecho de que los em- presarios implicados lograron reducir sus penas a seis años de prisión gra- cias al sistema de “delación pre- miada”, mientras que el menos favorecido estará 20 años preso.[15] En el marco del mismo caso, pero en su ramificación hacia Ecuador, varios funcionarios del anterior gobierno de Alianza PAIS han sido acusados como partícipes en las coimas. Los que brin- daron buena parte de la información, empresarios brasileños José C., Si- moes P., Ricardo V. y Mauricio G. (ex- funcionarios de Odebrecht de quienes no se brinda el nombre completo) no han recibido ninguna medida cautelar en su contra debido a que la Fiscalía de Ecuador firmó un acuerdo de “coo- peración eficaz” que ha servido como fuente de información para recabar elementos investigativos, y al amparo del artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que las medidas cautelares deben ser ade- cuadas para garantizar el éxito de las investigaciones”.[16]
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS INTERESES DE FONDO
Como último punto de esta “cruzada contra la corrupción” y asociado al caso de Odebrecht, pero no circuns- crito a él, surge el interrogante sobre los intereses concretos que podrían estar guiando esta batalla. La pre- gunta es de difícil respuesta. Sin em- bargo, hay algunos aspectos sugerentes a primera vista. La em- presa brasileña Odebrecht era una de las principales constructoras, vincu- lada a numerosos proyectos de in- fraestructura a nivel regional ¿cómo afecta esto al sector infraestructura de América Latina? ¿Quiénes se queda- rán con las concesiones y proyectos de Odebrecht que ya no pueden operar?
Los “expertos” que estudian el futuro de la inversión en infraestructura en la región, aseguran que es un momento difícil para ese rubro. Lo primero que apuntan, es que la región muestra un gran déficit, pues ni siquiera durante el “boom” de las commodities (2004- 2013) se logró superar el 3% de inver- sión pública y privada en infraestruc- tura.[17] Vemos que las fechas coinciden con los períodos de gobier- nos progresistas en varios países de América Latina, que fueron culpados por el “despilfarro” o el abuso de pro- yectos de infraestructura para benefi- ciarse de las coimas... algo que no coincide con la inversión deficitaria en el sector.
Más allá del “duro momento”, el in- forme advierte que aquellos “líderes visionarios” entenderán que el desa- rrollo de infraestructura es la clave para mejorar la competitividad de la región “aunque el sector público no pueda enfrentarlo por sí solo”, de modo que la “próxima generación de infraestructura será financiada por el sector privado, incluyendo bancos co- merciales que buscan rendimientos, los fondos de pensiones latinoameri- canos en crecimiento, así como inver- sionistas internacionales de acciones y prestamistas no bancarios”.[18] No parece casual entonces, que el comu- nicado oficial de la reciente gira del vi- cepresidente estadounidense Michael Pence por algunos países de América Latina tuviera como uno de sus obje- tivos la expansión de negocios vincu- lados al desarrollo de infraestructura,[19] a la vez que viajó con un sinnúmero de representantes de las transnacionales más importan- tes de su país (léase, del sector pri- vado). Esto es parte esencial del retorno del neoliberalismo puro y duro.
América
Con respecto a la segunda pregunta, Moodys señala que “varias concesio- nes de infraestructura han sido inte- rrumpidas y deberán ser relanzadas como resultado del escándalo de co- rrupción de Odebrecht”.[20] Estos proyectos abarcan desde gasoductos hasta emprendimientos para lograr la navegabilidad de los ríos. En el caso de Brasil, Odebrecht formó parte de di- versos proyectos del Estado durante la gestión del PT, orientados a desarrollo de infraestructura, petroquímica, energía nuclear, etc., en el marco de un plan estratégico de defensa y desa- rrollo tecnológico en un momento de despegue de Brasil como potencia re- gional y en el marco del descubri- miento de una de las reservas de hidrocarburos más importantes del Atlántico Sur, el Pre-Sal (en manos de la estatal Petrobras),[21] lo que sumó un factor más a la importancia geopo- lítica de por sí crucial de Brasil a nivel regional y hemisférico –importancia que fue remarcada por Stratfor,[22] empresa de análisis de inteligencia y seguridad internacional “privada”, que en los hechos está al servicio de varias agencias del gobierno de Estados Uni- dos y de otras empresas multinaciona- les-.[23] Precisamente dos meses después del derrocamiento de Dilma Rousseff, el Congreso brasileño aprobó la ley para quitar a Petrobrás el monopolio sobre la explotación de los recursos del Pre-Sal, abriéndose el espacio a las petroleras transnaciona- les. A mediados de 2017, el Congreso aprobó una reforma laboral a todas luces neoliberal.[24] Este evidente re- torno al libre mercado sin restriccio- nes, figura también como uno de los objetivos de la estrategia del Co- mando Sur para el 2018, bajo el lema de “Asociación para las Américas”: “... un futuro próspero para la región, des- cansa en el refuerzo de los valores compartidos, gobiernos eficientes, so- ciedades libres y economías de libre mercado”.[25]
Ante lo expuesto, valen algunos inte- rrogantes ¿es la corrupción el pro- blema de América Latina? ¿O el problema de América Latina es que su “agenda” (incluidos los problemas prioritarios) es definida desde los cen- tros de poder, en particular desde el sector privado-público estadouni- dense, las corporaciones (incluidas las mediáticas) que poseen jugosos inte- reses en común con las derechas a lo largo y ancho de la región?
Por Silvina M. Romano
Edición 736 Del 14 al 20 de Septiembre del 2017
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