Page 105 - Revista Judicial CSJ-Ica -Nelson Martin Pinedo Ob.

Corte Superior de Justicia de Ica
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COMENTARIO RELEVANTE DEL AUTOR
El fundamento normativo para la
incorporación de la remisión como
herramienta de desjudicialización se
desprende del texto del artículo 40 de la
Convención de los Derechos del Niño.
integridad física o psicológica del sujeto
pasivo.
Es requisito importante, por parte del
adolescente entender que la conducta
realizada es prohibida; lo contrario, es
decir ejecutar una conducta prohibida
desencadenaría un daño específico para
una persona y un daño difuso en la
sociedad a la que él pertenece y se
desarrolla.
VII. INSTRUMENTO NORMATIVO
INTERNACIONAL.
Tenemos la Convención de los Derechos
del Niño, se desprenden del catálogo de
derechos y garantías contenido en los arts.
12, 37 y 40. (Beloff. 2001, pp.17). A ello
debe sumarse el artículo 3 como principio
jurídico garantista, concebido como límite
al paternalismo estatal y que se impone a
las autoridades judiciales como un
mandato para la mínima restricción de
derechos en el proceso penal (Cillero
Bruñol. 2007, pp. 139).
El fundamento normativo para la
incorporación de la remisión como
herramienta de desjudicialización se
desprende del texto del artículo 40 de la
Convención de los Derechos del Niño,
instrumento que reconoce el derecho de
toda persona que aún no ha adquirido
mayoría de edad que se encuentre
sometido al sistema penal a ser tratado de
“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”
Revista Jurídica “Jus Liberabit Ica”
manera acorde con el fomento de su
sentido de la dignidad y el valor, que
fortalezca el respeto del niño por los
derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros y en la que se
tengan en cuenta la edad del niño y la
importancia de promover la reintegración
del niño y de que éste asuma una función
constructora en la sociedad.
Es de considerar que los principios de
especificidad y desjudicialización ya
comentados, para su aplicación adecuada
de la remisión en el proceso penal juvenil,
se encuentran formulados en el inciso 3)
del artículo 40 de la Convención de los
Derechos del Niño, que establece que los
Estados Partes adoptaran, todas las
medidas apropiadas para promover el
establecimiento de leyes, procedimientos,
autoridades e instituciones específicos
para los niños de quienes se alegue que
han infringido esas leyes, y en l: (…) b)
Siempre que sea apropiado y deseable, la
adopción de medidas para tratar a esos
niños sin recurrir a procedimientos
judiciales, en el entendimiento de que se
respetarán plenamente los derechos
humanos y las garantías legales.
Así también, la doctrina considera que
―los Estados deben limitar el uso del
sistema de justicia juvenil y ofrecer
alternativas a la judicialización de las
causas‖ (Bravo, 2014, pp. 153). Todo
ello en vista al principio de
excepcionalidad del sistema de justicia
juvenil y el artículo 19 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
(Derechos del niño: Todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que
su condición de menor requiere por parte
de su familia, de la sociedad y del Estado)
(Pacto de San José, 1969).
En adicción, las Directrices de las
Naciones Unidas para la prevención de la