Page 20 - Edición N° 30

EDITORIAL
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E n esta oportunidad, es necesario remembrar que hace poco más de veinte años entraron en !X¡
vigencia dos cuerpos normativos que modificaron de manera impactante la estructura polí­
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tica, social y económica de nuestro país. Hago referencia, claro está, a la Constitución Política
del Perú y al Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgados en un ambiente de cu
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conmoción estatal, de profundos cambios y de una búsqueda de medios para estructurar -en su ■O
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momento- un sistema más justo y eficiente. Ti
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El 5 de abril de 1992, el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, anunció c
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a la Nación entera, a través de una transmisión televisiva, que procedería con la disolución del
Poder Legislativo y la intervención no solo del Poder Judicial, sino de otras instituciones constitu­ ai
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cionalmente autónomas como el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de O
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la Magistratura y el Ministerio Público. u
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Así pues, el 18 de enero de 1993 se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Congreso Constituyente a;
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Democrático, oportunidad en la cual se eligió como presidente de la misma al doctor CarlosTorres ■o
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yTorres Lara. Dicha encomienda legislativa culminó sus labores el 30 de diciembre del mismo año,
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con la promulgación de la actual Constitución Política del Perú. Una nueva Carta Magna que presen­ 03
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taba innovaciones muy claras reflejadas en los siguientes aspectos: la introducción del referéndum
o consulta popular como medio para modificar total o parcialmente dicho cuerpo normativo; un OJ
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supuesto adicional de pena de muerte que se hacía extensible a los delitos de terrorismo; la atribu­ vi
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ción al Poder Ejecutivo de mayores facultades legislativas mediante decretos de urgencia; y, sobre E
todo, la variación de la estructura del Poder Legislativo (al abolirse la bicameralidad parlamentaria 3 03
y establecerse el sistema unicameral, que contaría con 120 representantes o congresistas). O
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Asimismo, en ese año se promulgó el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, el que tuvo ca
por finalidad reemplazar el antiguo Código de Procedimientos Civiles de 1912. Una gran reforma T i
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que, objetivamente, consistía en la modificación del estado en el cual se solucionaban las contro­ ra
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versias de la mayoría de los peruanos, y cuya modificación relevante fue la implementación de un >
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sistema en el cual la administración de justicia se encontraría en manos de los magistrados y no cc
sólo a lo que dispongan las partes del proceso (como lo establecía el Código derogado). En relación
al impacto que generó la implementación de estos cambios, el profesor Juan Monroy Gálvez1 nos
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permite apreciar cómo es que la estructura del proceso civil peruano, en comparación con países
integrantes de la Unión Europea, puede ser considerado como uno más célere, pues su duración
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se encuentra por debajo del promedio de los tramitados en los países antes referidos. 1
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1. En el Estudio Preliminar realizado al Código Procesal Civil, publicado por la Editorial Communitas en el año 2009.
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