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desconocerse la filtración de variados rasgos este trabajo- las fórmulas de simplificación y «
adversariales, orientados a reconocer al proce­ aceleramiento procesal incorporadas en las
so penal como un espacio de enfrentamiento reformas procesales de la región. c a r
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igualitario, justo, entre las partes procesales4. CAJ
III. EL ACELERAMIENTO DEL PROCESO OO
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Este cambio de modelo procesal ha ido acom­ PENAL Y SU JUSTIFICACIÓN
AUTOR
pañado de la incorporación de una serie de ins­ NACIONAL
titutos procesales orientados a lograr la solución Las fórmulas de aceleramiento procesal se
del conflicto penal sin recurrir al juicio oral, en enmarcan bajo lo que Silva Sánchez denomina
el afán de encontrar una respuesta más rápida "gerencialismo"6, en virtud del cual, frente a la
que se refleje no solo en la obtención de tutela escasez de recursos económicos suficientes
eficaz por parte del imputado y la víctima sino para la instrumentalización de un sistema
también en los niveles de legitimidad del siste­ de administración de justicia penal célere, se
ma judicial que ve ostensiblemente reducida su busca gestionar adecuadamente los escasos
carga procesal. recursos existentes a través de una reducción ra
de los términos de duración del proceso penal7, E
Sin embargo, la introducción de modificaciones encontrando salidas alternativas al mismo. En a»
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normativas sin la adopción de medidas com­ ese contexto, las fórmulas tendentes a la sim­ T3
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plementarias, orientadas a la gestión adecuada plificación y el aceleramiento del proceso penal t s
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del servicio de administración de justicia penal cobran especial significación8. ai
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por parte de sus operadores, no asegura la c
pretendida legitimación del sistema de justicia A estas necesidades de gestión adecuada de ro
penal. De allí que los procesos de reforma de la recursos se suma el clamor constante, deriva­ <v
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justicia penal en Latinoamérica hayan discurrido do de la comprensión del proceso penal como o
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por estos dos senderos -el de transformación instrumento de realización de los derechos funda­ o
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normativa y el de transformación en la gestión mentales, de tutela jurisdiccional efectiva y de a
judicial- que Juan Enrique Vargas denomina, no afectación del derecho a ser juzgado dentro cu
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respectivamente, primera y segunda generación de un plazo razonable. En efecto, por el lado "O
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de la reforma5. de la víctima, quien realmente se haya tras la 3
lesión del bien jurídico, tenemos que la dilación u
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En lo que sigue trataremos de evaluar si aquella excesiva en la resolución de un caso penal por
primera generación de la reforma procesal penal parte del sistema de administración de justicia as
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Latinoamericana ha guardado sintonía con esa penal puede afectar su derecho a una tutela o
segunda generación, que es precisamente la que jurisdiccional efectiva. Si la tutela jurisdiccional c E
habilita la obtención del efecto de legitimación demora en llegar, deja -como es lógico- de ser
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que se pretende con los cambios normativos. El efectiva. Por el lado del ofensor, debe reconocer­ O
examen que realizaremos tendrá como punto se que las cargas y aflicciones propias de verse Q.
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de referencia -como se advierte del título de involucrado en un proceso penal son difíciles de TS ra
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4. Con mayor detalle: REYNA ALFARO, Luis Miguel. Litigación oral y técnicas de persuasión aplicadas al Código Procesal as
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Penal. Segunda edición. Lima: Jurista Editores, 2010, pp. 40-43.
5. VARGAS VIANCOS, Juan Enrique. Op. cit., p. 35.
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6. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades
postindustriales. Segunda edición. Madrid: Civitas, 2001, p. 74.
§
7. ALBRECHT, Hans Jórg. "Settlements out of courts: A comparative study of european criminal justice Systems".
Research Paper. Pretoria, South African Law Commission, número 19, p. 8. 2
§
8. En sentido crítico: CUAREZM A TERÁN, Sergio. La naturaleza de la reforma de la justicia penal y la inconstitucionalidad O
del Código Procesal Penal. Managua: Manu, 2004, pp. 30-31.

Reflexiones en torno a la celeridad como piedra de toque de las reformas procesales penales latinoamericanas 363