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Proceso éste, que exhibe una doble característica: por un lado, un interés en la extensión y universalización de los servicios públicos de educación y salud pública, con independencia de la cobertura, acompañados de campañas masivas de alfabetización y escolarización, vacuna- ción masiva, saneamiento ambiental y complementos alimentarios; y, por el otro, la incursión en áreas de intervención, como los repartos de tierra con usos agrícola, la construcción de vivien- das de interés social y la política de población instrumentalizad mediante programas de control de la natalidad.
En esta oportunidad la Alianza para el Progreso, una iniciativa de los Estados Unidos de América con el propósito de contrarrestar una posible influencia de la revolución cubana, cons- tituye la fuerza motora. En su Declaración de Principios establece que los países latinoameri- canos y del caribe, como condición de acceso a préstamos y donaciones, se comprometían a la existencia de programas nacionales amplios y debidamente estudiados, para fortalecer la de- mocracia, salvaguardar la libre empresa e identificar las reformas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población en general (Pichardo Muñiz, 1984).
Del desplome
La crisis económica-financiera de finales de la década de 1970 y principios de 1980, con el incremento de la deuda externa y el aumento de los precios del petróleo a nivel mundial como detonantes, provoca un recorte de las medidas de Política Social.
La acción generalizada en América Latina y el Caribe es un desmantelamiento de tales programas, en algunos países en forma masiva, vía la disminución de presupuesto y de perso- nal e incluso el cierre de instituciones como parte de las medidas adoptadas con las imposicio- nes del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de las políticas de estabilización mo- netaria y de los programas de ajuste estructural. Al final del túnel los gobiernos se abocan a la creación de Fondos de Inversión Social, con el Banco Mundial como principal aportador de re- cursos, con el propósito de paliar el aumento de la pobreza producto de la crisis y el ajuste.
De la re-asunción
Tras el consenso de Washington, la re-asunción de funciones por parte del aparato estatal e incluso la asunción de otras funciones que en anteriormente no habían sido declaradas como prioritarias, como la reforma y modernización del Estado, la Política Social se coloca de nuevo en la agenda gubernamental y vuelve a ser interés de los gobiernos nacionales y los organis- mos internacionales, en particular del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de las agencias del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En par- ticular el llamado de UNICEF del ajuste con rostro humano (Cornia, Jolly y Stewart, Eds. 1987).
La Política Social se incorpora en el debate de las Cumbres Presidenciales y en la procla- mación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel mundial en el 2000 y su actualización bajo Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2015, con notable influencia de los orga- nismos de cooperación internacional y la banca multilateral.
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