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Este será un año difícil para las áreas protegidas en Ecuador. El presupuesto de apoyo al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) se redujo en un 33,12 %: pasó de 6,7 millones de dólares en 2018 a 4,5 en 2019.
Esta disminución en los recursos que destinará el Ministerio del Ambiente a este tema, preocupa a los
expertos pues el SNAP abarca cuatro regiones del país ─Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía─ y alberga 56
reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20 % de la superficie del Ecuador.

La disminución del presupuesto afectará la gestión que se haga de las áreas protegidas, y las marinas son las
que más preocupan, ya que su control, vigilancia y conservación suponen unos costos mayores que los de las
áreas continentales. Para Felipe Vallejo, biólogo marino de la Fundación Equilibrio Azul, en 2019 será un reto
darles mayor prioridad a estas áreas, para que los decretos que las crearon pasen a la realidad. El mar
ecuatoriano presenta grandes desafíos, sobre todo en términos de garantizar controles eficaces en la pesca y
garantizar la reproducción de especies que se encuentran en peligro. “Es importante detener la matanza de
tiburones en Ecuador, ya que están siendo explotados de una manera insostenible y muchos pescadores
artesanales encuentran la forma de evadir los límites que se imponen”, dice Vallejo.

El volcán Cotopaxi, que se yergue a 5897 metros de altitud en el Parque Nacional Cotopaxi es uno de los
mayores símbolos de la geografía natural ecuatoriana. Foto: SNAP

Algunos expertos consideran que se debe revisar y modificar el decreto 486 de 2007 que expide normas para
la regulación de la pesca incidental de tiburón, su comercialización y exportación.

Las mujeres de la comunidad amazónica Waorani protestan contra el extractivismo en sus territorios.
Yaku Pérez conoce bien el tema pues fue testigo de varias detenciones durante las protestas y denuncias
que se hicieron contra el proyecto minero Río Blanco en la provincia de Azuay y que finalmente terminó con
la prohibición de la minería en el lugar. “No ha habido más de cinco casos de amnistías en el Ecuador desde
la llegada de Moreno. Lo más preocupante es que podrían resolverse con amnistía todos los casos, pero de
qué sirve. Si se continúa con el extractivismo minero y petrolero seguramente habrá nuevas
criminalizaciones”.

Paola Maldonado es una geógrafa que ha trabajado en temas de PIA y cree que estos pueblos tienen
amenazas “por todo lado”. Para ella, en 2019 se enfrentarán principalmente a tres obstáculos: el primero es
una sociedad que

los ignora y los invisibiliza; el segundo es un Estado que niega evidencias y las oculta para justificar cualquier
tipo de intervención; y el tercero es el acoso que viven sus áreas de desplazamiento por cuenta del petróleo,
la extracción de madera, la apertura de vías, y el cambio de uso