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Nueve Mujeres: Liderazgos que Inspiran
desde la Universidad de los Andes hasta las casas de estudios regionales, pasando por la Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Diego Portales y otras entidades privadas. “Debo señalar que nunca, nunca, se me pasó por la mente ser ministra de Justicia; lo que más quería en la vida era mi familia y, por lo tanto, no iba a venir a calentar el asiento para que todo siguiera igual. No, ahí fue cuando decidí cambiarlajusticia.Paramíreformarla eraunapolíticadeEstado,undiagnóstico que todos compartíamos”.
Tras la cruda conclusión, convocó a un foro procesal penal, para lo cual llamó a jueces, ministros de la Corte Suprema, entre los cuales figuraban Mario Garrido Montt, Orlando Poblete, Carlos Peña; invitó a los mejores procesalistas; los mejores constitucionalistas, desde Francisco Cumplido, hasta Raúl Rettig. Además se asesoró por dos organizaciones clave, Paz Ciudadana y la Corporación de Promoción Universitaria.
Se demoró alrededor de un año en articular todos los foros, encuentros y conversaciones para presentarle finalmente al Congreso el nuevo andamiaje institucional que regiría al sistema procesal, ya que hubo que redactar un nuevo Código Procesal, que implicaba una Reforma Constitucional y un nuevo Código Orgánico de Tribunales.También fue necesario crear un Ministerio Público y Asesorías, entre otras materias.
La labor realizada por la ministra de Justicia fue monumental. Reemplazó los procedimientos que venían del siglo XIX y terminó con el sistema inquisitivo para cambiarlos por un esquema acusatorio, en que se separaban definitivamente las funciones de investigar, procesar —en el antiguo sistema—, formalizar y acusar —en el nuevo— y dictar sentencia.
En el Ministerio Público los fiscales serían los encargados de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados y la Defensoría Penal Pública ofrecería la defensa profesional a los que no pueden contar con abogados. Los casos ya no estarían más en manos de juzgados del crimen, sino que se crearían los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral, en lo penal.
Convencer a los Legisladores
El Ministerio Público o Fiscalía sería un organismo estatal autónomo, que no es parte de ninguno de los poderes del Estado, y que se encargaría de dirigir la investigación de los delitos, formalizar a las personas, acusar a los presuntos responsables y proteger a víctimas y testigos. Trabajaría en coordinación de Carabineros e Investigaciones y los organismos auxiliares, como por ejemplo el Servicio Médico Legal y el Servicio de Registro Civil e Identificación.
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