Page 37 - CORRUPCION

MONTT GROUP MAGAZINE - 2024
www.MONTTGROUP.cOM
El fallo de la Corte Suprema en el caso mencionado establece que un préstamo personal con proveedores no es motivo suficiente para el despido de un empleado, lo cual nos lleva a considerar la importancia de tener políticas claras y bien definidas en relación con los conflictos de interés y el compliance en las empresas, a fin de evitar la configuración del riesgo reputacional y la afectación de sus activos debido al pago de indemnizaciones y costos legales que acarrea una falla en el esquema y políticas de la organización, razón por la cual es necesario definir explícitamente las
situaciones que pueden llevar a un conflicto de interés, como relaciones financieras o personales con proveedores o clientes, y proporcionar procedimientos claros para evitar la divulgación, y como medida reparadora efectuar una gestión eficiente de estos conflictos.
El liderazgo de la empresa, específicamente el de la Alta Dirección, debe demostrar un compromiso visible con la ética y el cumplimiento, esto incluye asignar los recursos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los programas de compliance y liderar con el ejemplo.
ANáLISIS DE LA LEY No 31.740
La Ley N° 31.740 surge en un contexto donde la corrupción y otros delitos económicos han socavado gravemente la confianza en las instituciones tanto públicas como privadas en Perú; a lo largo de los años, varios escándalos de corrupción han afectado la imagen del país, debilitando la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y en el sector empresarial. Estos desafíos han destacado la necesidad de un marco regulatorio más robusto y efectivo para responsabilizar a las personas jurídicas y promover prácticas empresariales éticas.
contexto histórico y Legal
Antes de la promulgación de la Ley N° 31740, la Ley N° 30424 ya establecía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por ciertos delitos, incluyendo corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo; sin embargo, la implementación de esta ley reveló varias lagunas y deficiencias que limitaban su efectividad.
Problemas Identificados
• ámbito de Aplicación Limitado: La ley inicialmente no cubría adecuadamente a todas las empresas, dejando fuera a muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES); actualmente la Ley N° 31740 extiende su aplicación a todas las empresas, independientemente de su tamaño, reconociendo que las PYMES también pueden estar involucradas en actividades ilícitas.
Aunque la ley se aplica a todas las empresas, reconoce las diferencias en capacidad y recursos entre las grandes empresas y las PYMES; por ello, los requisitos para la implementación de programas de cumplimiento y otras medidas pueden ser proporcionados al tamaño y complejidad de la empresa. • Definiciones Inadecuadas: Las definiciones de responsabilidad y las condiciones bajo las cuales una empresa podía ser considerada responsable no eran suficientemente claras, lo que dificultaba su aplicación. La modificación proporciona definiciones más precisas sobre los escenarios y condiciones que determinan la responsabilidad de una persona jurídica, esto incluye actos cometidos por empleados, directivos, y representantes de la empresa en el ejercicio de sus funciones.
Se introduce el concepto de responsabilidad por omisión, donde una empresa puede ser considerada responsable no sólo por actos ilícitos directos, sino también por la falta de implementación de medidas preventivas adecuadas.
• Sanciones Insuficientes: Las sanciones previstas no siempre eran proporcionales a la gravedad de los delitos, lo que reducía su efecto disuasorio, razón por la cual actualmente las multas administrativas pueden variar en función de la gravedad del delito y la capacidad económica de la empresa.
De cometerse infracciones graves, la ley permite la suspensión temporal de las actividades de la empresa, esta sanción puede tener un impacto significativo, incentivando a las empresas a cumplir con las normativas.
En cambio, para los casos más graves, donde se demuestre una falta sistemática de cumplimiento y una participación activa en actividades ilícitas, la ley contempla la disolución de la empresa como última medida.
• Procedimientos Lentos y Burocráticos: Los procedimientos administrativos sancionadores eran a menudo lentos y burocráticos, lo que impedía una respuesta rápida y eficaz a las infracciones. Hoy en día se establece una estructura clara y detallada para el procedimiento administrativo sancionador, desde la iniciación del proceso hasta la resolución final, lo que incluye plazos definidos para cada etapa del proceso, garantizando una respuesta oportuna.
Por otro lado, se refuerza el derecho de defensa de las empresas, permitiéndoles presentar pruebas, argumentos y recursos en su defensa a lo largo del procedimiento, asegurando un proceso justo y
www.MONTTGROUP.cOM
päG :37