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Editorial
Hace ocho años y cinco meses el gobierno espurio de Felipe Calderón ejecutó el decreto
de extinción de Luz y Fuerza del Centro; para llevarlo a cabo, consultó con su gabinete y
todos los gobernadores de los estados, además del jefe de gobierno de la Ciudad de México
de ese entonces. Por tal motivo, la toma violenta de las instalaciones por parte del ejército
y las fuerzas policiacas constituyó en los hechos una decisión de Estado, decretada por
el Ejecutivo con la complicidad de los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el
Judicial.
La decisión de Estado fue la respuesta a la posición actuante y única que durante años
nuestra organización sindical mantuvo en contra de las pretensiones privatizadoras del
sector energético y la entrega de la riqueza del país a la oligarquía nacional e internacional.
Después del decreto y con el SME sin su fuente de empleo, sin su contrato colectivo y con
su fuerza disminuida, el camino de la privatización había sido allanado; así los oligarcas
pudieron cumplir sus objetivos desnacionalizadores a través de las llamadas reformas
estructurales.
Desde entonces, el Sindicato Mexicano de Electricistas enfrentó una feroz campaña
mediática, con odio de clase sin precedentes, al menos no recientes, sufriendo la fractura
de su membresía al liquidarse una buena parte de trabajadores que le creyeron más al
gobierno y sus promesas, que a la fuerza y a la historia de su organización sindical. Para
cumplir esta labor de zapa el gobierno contó con el esquirolaje de personajes que se
alejaron de la organización y se prestaron al perverso juego de la división, convirtiéndose
así en colaboracionistas del gobierno que pretendía la disolución forzada del Sindicato.
El SME ha tenido que sobrevivir con su digna resistencia todo este tiempo en un
entorno diferente al de antes del decreto de extinción. Hoy el escenario es totalmente
neoliberal y antiobrero, con una Constitución mutilada en su parte esencial, una Ley
Federal del Trabajo que precariza el trabajo y el salario, y una condición de despojo en el
sector eléctrico producto de la apertura indiscriminada al capital, generada por la reforma
energética.
Después del aberrante fallo de la Suprema Corte de Justicia en 2013, la digna resistencia
ha realizado un gran esfuerzo para alcanzar una negociación política con el gobierno
federal, los acuerdos tomados por amplia mayoría en nuestras asambleas generales nos
han permitido darle claridad y rumbo a una salida negociada al con licto.
La negociación nos colocó en una ruta que se convierte en un nuevo paradigma
sindical, rescatando nuestra naturaleza histórica y social de un organismo de resistencia y
defensa de los trabajadores con nuevos componentes. En el marco de la nueva regulación
legal del sector eléctrico hemos creado con un socio capitalista una empresa generadora
de electricidad denominada Fénix, con la que se ha irmado ̀ un contrato colectivo de
trabajo, lo que le da vigencia a nuestra existencia como organización sindical; también,
para la comercialización de la energía generada, la creación de una comercializadora y dos
suministradoras, una de usuarios caliicados ̀ y otra de usuarios básicos, que fortalecerán
nuestra alianza estratégica con la Asamblea Nacional de Usuarios; además, con la
recuperación de los bienes y los medios de producción que hoy tenemos como resultado
de la negociación política, hemos constituido la Cooperativa LF del Centro.
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