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Cívica - Economía 4° Secundaria
La CVR manifiesta en su conclusión que tanto el gobierno del presidente Fernando Belaunde como el del
presidente Alan García erraron al no aplicar una estrategia integral —social, política, económica, militar,
psicosocial, de inteligencia y de movilización del conjunto de la población— para hacer frente de un modo
eficaz y dentro de sus propios marcos democráticos a la subversión armada y al terrorismo.
4.1. Formas de violencia en el Perú
Los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR), son importantes porque no solo se analizaron cifras como
desapariciones, muertes, atentados, sino que, presentó una
propuesta de diagnóstico sobre las formas en que se presentó la
violencia en nuestro país entre 1980 y el año 2000.
Formas en que se expresó la violencia en el Perú
1. Pobreza y exclusión social, especialmente de los lugares alto andinos y amazónicos.
2. Brechas económicas y desigualdad étnico – cultural.
3. Marginación al no acceder a los servicios educativos básicos.
4. Racismo y actitudes de desprecio discriminatorio.
5. Violencia sexual especialmente contra las mujeres.
4.2. Los grupos afectados por la violencia, vida digna y memoria colectiva
En el contexto de la violencia política en el Perú entre los años 1980 y el 2000 la CVR señala que este
conflicto armado produjo casi 70 mil víctimas mortales, el 75% de ellas tenía al quechua como idioma
materno, más de la mitad eran campesinos y casi el 85% vivían en 6 departamentos: Ayacucho, Junín,
Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín; todos ellos excepto Junín y San Martín se
encontraban en ese entonces, en la lista de los 5 departamentos más pobres, según el Informe sobre
el Desarrollo Humano del año 2002 y quienes vivían en estos 6 departamentos, por esos años,
solamente concentraban el 9% del ingreso reunido de todas las familias peruanas.
Memoria colectiva es un término que se refiere a los recuerdos más importantes y trascendentales
que han marcado la historia de una nación. Esta memoria es compartida, transmitida y construida por
la sociedad, en el caso de la violencia política en el Perú, tiene una gran y trascendental importancia ya
que permite guardar y recordar en el interior de la sociedad ese capítulo tan doloroso que vivió nuestro
país y que al tenerlo presente nos permita reflexionar de las causas, actores y consecuencias para que
este mismo no se vuelva a repetir.
4.3. Iniciativas para la reconstrucción democrática en el Perú
La Comisión de la Verdad y Reconciliación al final de su Informe presentó al país una serie de
recomendaciones para iniciar una nueva etapa sacando lecciones del pasado y mirando hacia la
construcción del futuro.
Plan Integral de Reparaciones
Responde a una lógica y objetivo único, que es el resarcimiento
del daño a las víctimas de la violencia política, en forma individual
o colectiva, simbólica o material.
Proceso de reconciliación nacional
Se interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional
entre el Estado y la sociedad peruana, y entre los miembros de la
sociedad, a través de una ciudadanía plena para todos los peruanos
de un país que se reconozca positivamente como multiétnico,
pluricultural y multilingüe.
Reformas institucionales:
Entendidas como garantías de prevención que ayuden a que no se repitan más en el Perú dolorosos
sucesos de violencia, como:
a. Presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio, recogiendo
y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo
la participación ciudadana.
b. Afianzar una institucionalidad democrática, basada en el liderazgo del poder político, para la defensa
nacional y el mantenimiento del orden interno.
c. Reformar el sistema de administración de justicia, para que cumpla efectivamente su papel de
defensor de los derechos ciudadanos y el orden constitucional.
d. Elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad, que promueva valores
democráticos.
e. Generar confianza cívica, restableciendo las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, de modo
que se consolide la transición y gobernabilidad democráticas y se prevengan nuevos escenarios de
violencia.
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