Page 105 - OPOSOCIAL - Estrategia Nacional contra la pobreza energetica 2019-2024

condición de esencialidad que impide la suspensión del suministro en los hogares en los que el titular del contrato perciba el bono social y haya miembros de su unidad familiar con menos de dieciséis años, o el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o bien tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
 Escasa información visualizada en la aplicación informática por el comercializador de referencia y, por ende, comunicada al consumidor, tras la comprobación de los requisitos. Dicha información debe estar exenta de cualquier dato de índole personal, por lo que la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y alojada en su sede electrónica, se limita a comunicar un resultado positivo o negativo del cumplimiento de los requisitos, o bien la imposibilidad de obtención del nivel de renta del consumidor que permita su comparación con los umbrales establecidos por la norma, sin que el comercializador de referencia tenga información sobre las causas concretas que han imposibilitado la comparación. Como consecuencia de lo anterior, el consumidor no puede conocer de manera directa los motivos que eventualmente puedan justificar el rechazo a la concesión de su solicitud.
Es necesario introducir una mayor transparencia en el mecanismo del bono social sin que se menoscabe, en ningún caso, la seguridad jurídica y la protección de los datos necesarios para su tramitación. Las medidas que se adopten en este sentido redundarán en más información para los consumidores y solicitantes del bono social que sea veraz, comprensible y suficiente.
Se requiere, por otra parte, una mayor optimización del procedimiento desarrollado. Así, en sus orígenes, la aplicación desarrollada no permitía el cruce de datos de diferentes administraciones que disponen de datos fiscales en el territorio español (Agencia Estatal Tributaria Española y Haciendas Forales), aspecto que se ha mejorado progresivamente. La comprobación de los requisitos a través de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica no está operativa para aquellas unidades familiares que incluyan un miembro que haya tributado en Navarra y otro miembro que lo haya hecho en otra parte del territorio español.
El mecanismo actual se basa en una comparación de la renta de las unidades familiares, con la consideración del número de miembros integrantes de la misma, con umbrales referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es uniforme para todo el Estado. Sin embargo, este indicador no toma en consideración el coste de vida ni ningún otro concepto relacionado con la territorialidad, lo cual incide, indudablemente, en la eficacia de la ayuda. El nuevo modelo que se diseñe deberá integrar variables que contemplen la diversidad física y económica de nuestro territorio.
Otro aspecto que deberá ser revisado es el de los colectivos beneficiarios del actual bono social para que se proteja de manera prioritaria a aquellos que encuentren en dificultades
Es preciso dotar de mayor transparencia al procedimiento de concesión de los mecanismos prestacionales, sin menoscabar la seguridad jurídica y la protección de datos de carácter personal de los consumidores.
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