Page 109 - OPOSOCIAL - Estrategia Nacional contra la pobreza energetica 2019-2024

Tal y como se ha señalado con anterioridad, el difícil equilibrio entre la necesaria protección de datos de carácter personal de los consumidores de energía eléctrica y sus familiares y el gran número de consumidores al que llega la medida, han hecho que sea necesario mejorar la gestión del mecanismo actual.
Es necesario adoptar medidas procedimentales relativas al bono social que mejoren la automaticidad del sistema, evitando que el proceso de solicitud resulte tan complejo, en línea con los procedimientos que han sido puestos en marcha en países de nuestro entorno como Portugal o Francia, en los que la comprobación del cumplimiento de los requisitos para poder recibir las ayudas prestacionales se realiza sin necesidad de que medie la solicitud del consumidor.
Para ello es fundamental la colaboración interadministrativa (entre distintas Administraciones públicas) e intradministrativa (dentro de la propia Administración General del Estado) que permita un acceso a la información disponible en las bases de datos y registros administrativos preexistentes, y el desarrollo de las adaptaciones necesarias para permitir la puesta en común de dicha información y la comprobación de los requisitos que se determinen dentro del marco competencial y de cooperación establecido.
Estos requisitos deberán ser fijados con base en criterios alineados con las directivas europeas del Paquete de Invierno, que de manera indicativa mencionan, entre otros, el bajo nivel de renta, gasto elevado de energía y mala eficiencia energética de los hogares.
La conjunción de todos estos factores podría traducirse en un mecanismo que contemple, por una parte, el ingreso del hogar, y por otra el gasto energético total derivado del consumo térmico y eléctrico (en virtud de la universalidad de fuentes de suministro previamente señalada como eje estratégico), de manera que la renta disponible del hogar pudiese ser comparada con determinados umbrales de renta, siempre configurados en función del número de miembros de la unidad familiar o del número de personas que convivan en el hogar.
En aras de una mayor simplicidad, y con independencia de que para la mayor parte de la población española se llevase a cabo la correspondiente comprobación de manera automática, el modelo podría contemplar la concesión directa de la ayuda a aquellos colectivos perceptores de prestaciones cuyo otorgamiento se encuentre vinculado de antemano a niveles de renta bajos. De este modo, podrían tener cabida de forma automática nuevos colectivos perceptores de rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas o prestaciones públicas de otra naturaleza para garantizar la ayuda a las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo.
En la determinación de dichos colectivos se garantizará una especial protección a los hogares con menores, máxime si están en situación de pobreza monetaria.
Convendría, adicionalmente, tener en cuenta la diversidad del territorio nacional y las
diferencias existentes entre las regiones en términos de orografía, meteorología y poder adquisitivo, a la hora de establecer estos requisitos, ya que dichos factores resultan determinantes para evitar asimetrías y que los consumidores en situación de vulnerabilidad
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