Page 110 - OPOSOCIAL - Estrategia Nacional contra la pobreza energetica 2019-2024

puedan acceder a las medidas que se diseñen en igualdad de condiciones en todo nuestro territorio.
El principal objetivo, por tanto, es conseguir un sistema que aúne un acceso rápido y sencillo al mecanismo del bono social, dotado de la seguridad jurídica necesaria que permita la identificación de las situaciones de riesgo de una manera transparente y eficaz.
El procedimiento para otorgar las medidas prestaciones debe automatizarse para dotarlo de mayor simplicidad y eficacia, y tener en cuenta las diferencias existentes en el territorio español.
El otorgamiento se realizará por comparación de la renta disponible con determinados umbrales, los cuales podrán ser más elevados para determinados colectivos de consumidores en situaciones de especial vulnerabilidad, y pudiendo preverse la concesión directa de la ayuda a aquellos colectivos perceptores de prestaciones cuyo otorgamiento se encuentre vinculado de antemano a niveles de renta bajos.
En el diseño del mecanismo y en la determinación de los diferentes colectivos, se garantizará una especial protección a los hogares en los que haya menores.
3) GESTIÓN COORDINADA CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones deben ser pilares fundamentales en el nuevo modelo de lucha contra la pobreza energética que, sin perder de vista el marco competencial delimitado por nuestra Constitución, debe propiciar y fomentar que todos los actores intervengan tanto en su diseño y concepción, como en la implementación de las actuaciones en las que se materialice la Estrategia.
Garantizada la participación de todos los agentes, el papel de cada uno de ellos dependerá en mayor o menor medida del carácter que se otorgue a la protección que recibirán los consumidores en situación de vulnerabilidad.
Desde este punto de vista, corresponderá al Estado el establecimiento de un régimen homogéneo para el conjunto de los consumidores del territorio nacional, a través de una definición única del consumidor que se encuentre en esta situación. Debe garantizarse un tratamiento común, no discriminatorio, en el que la administración estatal fije los criterios que otorgarán el derecho al acceso a las ayudas que se configuren a través de los mecanismos en los que se materializará la Estrategia.
Esta definición del consumidor en situación de vulnerabilidad estará ligada a la fijación de los criterios y requisitos que renta que se establezcan, así como a la eventual designación por parte del Estado de determinados colectivos que podrán tener acceso directo, o a través parámetros diferenciados, a esta protección.
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