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OBJETIVO 1.2. POLÍTICA ECONÓMICA
Desarrollar políticas económicas que hagan posible una distribución más justa de la riqueza
Para la prevención y lucha contra la pobreza y reducción de la desigualdad es necesario avanzar en políticas económicas orientadas a un crecimiento inclusivo que ponga la economía al servicio de la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás.
Las prioridades y medidas de política económica a tener en cuenta para alcanzar este objetivo son las contenidas en la Agenda del Cambio aprobada el 8 de febrero de 2019 y dirigidas a que el crecimiento económico se reparta de forma más justa y equitativa.
3.2. META ESTRATÉGICA 2. INVERSIÓN SOCIAL EN LAS PERSONAS
Se persigue ayudar a las personas a desarrollar plenamente su potencial, favorecer la igualdad de oportunidades y, con ello, movilizar el capital humano de la sociedad para conseguir una economía más competitiva.
Siguiendo un modelo de inversión social, se pretende adaptar el funcionamiento de los sistemas educativos y formativos, en sus distintas etapas, para responder a una lógica de aprendizaje y actualización de conocimientos, habilidades y competencias a lo largo del ciclo vital, de modo que todos y todas puedan maximizar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.
La potenciación de programas de intervención temprana en la infancia (0-3), y la lucha contra el fracaso escolar y el abandono educativo temprano, particularmente entre los y las menores de orígenes más desfavorecidos, permitirán avanzar en la dirección de lograr una sociedad más cohesionada y competitiva.
La ampliación de los programas de becas y ayudas al estudio, y el desarrollo del sistema de formación profesional (potenciando la formación profesional dual y los certificados de profesionalidad), deben contribuir a mejorar el nivel educativo de los y las jóvenes, facilitando así su inserción en un mercado de trabajo que ofrezca oportunidades laborales de calidad.
La mejora de los programas de recualificación y formación continua deben formar parte de un ambicioso programa de lucha contra el desempleo y la precariedad laboral que afecta particularmente a los grupos más desfavorecidos (jóvenes, extutelados, mujeres, desempleados de larga duración, etc.), incrementando el riesgo de pobreza y de exclusión social entre estos colectivos.
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