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A  16  meses  de  entrar  en  vigor  las  Afores,  Zedillo  afirmó  que  el  nuevo   sistema  de
           pensiones  garantizaría  plenamente los recursos de los trabajadores,  dándoles la certidumbre de
           pensiones dignas al momento de su retiro y  viabilidad financiera al IMSS, al salvarlo de la quiebra.

               Por supuesto que esto, como la vigilancia a la forma en que se invertirían los ahorros de los
           trabajadores resultaron una falacia, pues ahora sucede que no existen las pensiones dignas y mucho
           menos un Seguro Social sólido y robusto en sus finanzas, prueba de ello es que se abandonó la
           inversión para su infraestructura y ahora la calidad del servicio ha decrecido.

               Los recursos que antes se constituían en un sistema de pensiones solidarias ahora se utilizan
           para rescatar a banqueros e invertir en proyectos de alto riesgo, dejando a la derivada una atención
           médica de calidad para los miles de derechohabientes y sus familias.

               El fracaso del impuesto modelo de pensiones ha conllevado a una disminución de los ahorros
           de millones de mexicanos en menoscaba de su patrimonio para una vejez digna. Y muchos de los
           que entonces avalaron desde la función pública tal infamia, ahora se allanan y no tocan el tema ni
           por descuido porque se aproximan las elecciones presidenciales.

               Algo tienen que decir al respecto gente como Esteban Moctezuma Barragán –enlistado ahora
           como  prospecto  a  secretario  de  Educación  de  un  eventual  gabinete–, entonces  Secretario  de
           Gobernación  y  de  Desarrollo  Social,  o  el  actual  Secretario  General  de  la  OCDE  y  hace  20  años
           secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, por citar algunos casos.

               Gurría dijo en su momento que por encima de cualquier objetivo “con esta reforma se persigue
           que los trabajadores de México cuenten con un sistema de pensiones financieramente viable en el
           largo plazo e inmune a transiciones demográficas o turbulencias financieras”. ¿Qué pasó entonces?,
           hoy  le  preguntamos,  porque  son  los  banqueros  y  empresarios  pillos  los  únicos  que  han  visto
           incrementar su patrimonio a costillas del dinero de los pobres.

               ¿Por qué el alto funcionario de la OCDE guarda silencio en torno al uso indebido de los recursos
           de los trabajadores mexicanos para apoyar a compañías de gestión de inversión  global como Black
           Rock, especializada en promover los intereses monopólicos en el mundo?

               De acuerdo con datos de la Consar, en 2015 se destinaron 123 mil 402 millones de pesos a
           inversiones  en  Certificados  de  Capital  de  Desarrollo  (CKD)  y  42 mil 335  millones  de  pesos   en
           Fideicomisos  de  Inversión  de  Bienes  Raíces  (FIBRAS),  instrumentos  financieros  operados  con
           fondos privados.

               Pero además, los ahorros de los trabajadores sirvieron para respaldar el 24.9 por ciento de la
           deuda privada de largo plazo, además de ocupar 70 mil millones de pesos para fondear el 29.3 por
           ciento de la deuda de autopistas, estados y municipios; es decir, la inoperancia de la clase política
           en el poder.

               Por eso, resulta imprescindible colocar en el tema de la actual coyuntura electoral el quebranto
           multimillonario a los fondos de pensión. Todos los candidatos le dan la vuelta a este asunto, pero
           no hay uno sólo que no enarbole la bandera  del combate a la corrupción en sus propuestas de
           campaña.  ¿Y  no  es  acaso  este  saqueo  a  los  ahorros  de  millones  de  mexicanos  producto  de  la
           corrupción de funcionarios públicos asociados con inversionistas y empresarios pillos?

               Exijamos que quienes aspiran a gobernar este país aborden en sus debates e incluyan en sus
           plataformas políticas el saqueo que las Afores vienen cometiendo desde hace dos décadas con el
           dinero de los trabajadores. No hacerlo los hará cómplices y merecedores al voto de castigo de los
           mexicanos.
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