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títulos “cumplían” con    la   calidad    exigida    por    Consar-CNBV      para    garantizar    la
           seguridad/rentabilidad  de  los  fondos  de  pensiones;  el “daño” patrimonial  y/o  minusvalías
           registradas y, si acaso, los funcionarios en turno de Pensionissste “cumplieron” la normatividad
           externa e interna aplicable. Por su parte, el PAN apenas solicitó un “informe” al vocal ejecutivo sobre
           el gasto realizado en la adquisición de las acciones (15/3/18).

               Ambas proposiciones merecieron un trato burocrático por el senador panista Ernesto Cordero
           –presidente  de  la  mesa  directiva  y  ex  secretario  de  Hacienda  de  Calderón–:  las  turnó  a  la
           congeladora de las comisiones ¡en lugar de dictar trámite de urgente resolución!

               Pero la novedad novedosa llegó por la vía de una iniciativa del instantáneo senador perredista
           Celestino  Cesáreo  Guzmán  –suplente  de  Armando  Ríos  Piter–  leída  el  20  de  marzo  y  quién
           propone “reformar” el  régimen  de  inversión  de  Pensionissste,  siguiendo  a  la  letra,  las
           ¡recomendaciones  de  la  Federación  Internacional  de  Administradoras  de  Fondos  de  Pensiones
           (FIAP):  la  voz  del  negocio  de  administradoras  privadas  en  el  mundo!  Horas  después,  Guzmán
           solicitó licencia: ya encabeza la lista de plurinominales perredistas en Guerrero.

               En otro momento, esa iniciativa hubiera detonado el inaplazable debate sobre los usos, abusos
           y destino de los recursos propiedad de los trabajadores; usos, abusos y destino como el de rescatar
           discrecionalmente y sin alertas prudenciales empresas emproblemadas.

               Pero,  por  la  celeridad  con  que  se  turnó  la  iniciativa  Guzmán  –desplazando  proposiciones
           parlamentarias presentadas previamente–, la pieza sólo encaja como estrategia cortafuegos frente
           a  revelaciones  periodísticas  que  iluminan  un  asunto  de  fondo:  la  responsabilidad  de  quienes,
           discrecionalmente,  pudieran  favorecer  intereses  particulares  más  que  cumplir,  antes,  con  su
           cometido profesional al administrar, cobrando no poco, los recursos de los trabajadores.

               Ese cometido consiste en “ganarle” rentabilidad a esos recursos frente a un más que nublado
           horizonte pensionario que ha quedado enteramente comprometido por el patente fracaso de la
           reformas Zedillo-IMSS (1997)-Calderón-Beltrones Issste (2007) y que reclama urgente revisión
           integral del SAR.

               La  iniciativa  Guzmán,  como  la  respuesta  de  Ramírez  desde  Consar  y  la  del  Issste,
           sólo “normaliza” la responsabilidad del ex vocal de Pensionissste, José María de la Torre Verea y su
           equipo. Hasta ahora.
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