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ICA-Pensionissste: sí hay presuntos responsables
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Gustavo Leal F.

Por activos –la otrora empresa constructora más grande de México: ICA, pero también la de menor
valor en Bolsa– se ha visto perjudicada por elevado apalancamiento (7.6 veces su deuda neta a flujos
de operación); alta dependencia o menor ritmo de adjudicación de obra pública y dificultades para
cobrar pagos de obras pendientes. Lógicamente, entre 2012-2015, su valor de capitalización se
redujo 69 por ciento (El Financiero-Bloomberg, 12/3/15).

Para el tercer trimestre de 2015, Moody's bajó su calificación a “B3”, por ese “alto nivel de
apalancamiento; modesta cobertura de intereses y ajustada liquidez” (Reuters, 5/11/15). En
círculos financieros, la situación no era secreto. Mucho menos para inversionistas institucionales,
como Afore, entre ellas, Pensionissste.

En agosto-octubre 2015, Pensionissste “decidió” invertir recursos para el retiro de los
trabajadores en acciones de ICA, a pesar de la caída de su valor de capitalización. Integrantes del
Comité de Inversión: el entonces vocal ejecutivo de Pensionissste, José María de la Torre Verea –
cercano al, entonces, secretario de Hacienda, Videgaray– y Silvia Espinosa Elguea, jefa del
departamento de inversiones, decidieron –en la opacidad y sin debidas alertas prudenciales– salir
al rescate de ICA, antes que cumplir el mandato de la Ley-SAR: “atender exclusivamente al interés
de los trabajadores y asegurar que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los
recursos de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo”.

Pensionissste invirtió, justo “cuando” ICA se dirigía a la insolvencia: gastó 400 millones de pesos
en acciones a un precio promedio cercano a 7 pesos por acción (Reuters, 11/3/18). En su último
día de operación en Bolsa (25/8/17), ICA se acogió a concurso mercantil: las acciones se cotizaron
en 1.48 pesos por título, antes de ser suspendidas. Su valor actual es: 0.32768 centavos (El
Economista, 8/3/18).

Reuters desenmascaró el manto opaco, discrecional y sin las debidas alertas prudenciales con
que las Afore operan el destino de las inversiones que realizan con cargo a los recursos de los
trabajadores. Consar y la Afore pública Pensionissste se encogen de hombros, en lugar de ofrecer
respuestas claras y contundentes como lo exigen trabajadores dueños de los fondos y otros actores
de la arena de la política pública.

Aún peor: para Carlos Ramírez, presidente de Consar, lo que Pensionissste invirtió –y que
probablemente se esfumó– fue “muy” poco, 0.20 por ciento del monto total de los activos
administrados. La operación, declaró, se llevó en condiciones “normales”. Puede o “no” gustar la
decisión. Pero al final del día, se “cumplió” con la normatividad (Imagen Radio, 13/3/18) ¡Vaya
normatividad, que justifica la pérdida discrecional, sin las debidas alertas prudenciales de
cuantiosos fondos para el retiro de los trabajadores y que diluye la responsabilidad supervisora de
Consar!

El Issste informó que el Órgano Interno de Control “inició” una auditoría sobre la inversión y,
en caso de que ésta reflejara “alguna” anomalía, se “fincará” responsabilidad, incluso penal, a quien
resulte responsable. Si bien señala que la inversión se hizo en apego a la “normatividad aplicable”,
reconoce que la empresa “suspendió” pagos cuatro meses después (20/3/18).

De inmediato, el PRD presentó una proposición para que el Senado citara a comparecer al actual
vocal ejecutivo de Pensionissste: Rodolfo Campos, y “explique” la inversión; si los

 La Jornada, 24 de marzo de 2018
 Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco