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EL GOBIERNO  DE LÁZARO CÁRDENAS


                                                        El triunfo de Lázaro Cárdenas  en las elecciones

                                                        presidenciales  fue  visto  por  la  comunidad
                                                        internacional,  al principio,  como la continuidad

                                                        del Maximato.  No obstante,  desde  su campaña,
                                                        Cárdenas  propuso  un  Plan  Sexenal  con

                                                        participación  del  Estado  en  el  desarrollo

                                                        económico  a  través  de  la  construcción  de

                                                        infraestructura.  En  el  aspecto  social,  amplió  la
                                                        educación  a  las  zonas  rurales,  transformó  sus

                                                        contenidos  por  medio  de  la  "educación
                                                        socialista",  profundizó  la  reforma  agraria  y

                                                        apoyó  al movimiento  obrero organizado  en sus

                                                        luchas reivindicatorias.  Las empresas  petroleras
                                                        mostraron  su  preocupación  por  las  tendencias

                                                        socializantes  del  gobierno  entrante.  El  nuevo
                                                        embajador  de  Estados  Unidos,  Joseph  Daniels,

                                                        se  entrevistó  con  el  presidente  Cárdenas  para

                                                        ratificar  los  acuerdos  alcanzados  por  su
                                                        predecesor  Morrow.  Sin  embargo,  al  terminar
                                                        1936, el Congreso mexicano había aprobado una

                                                        nueva  Ley  de  Expropiación  que  autorizaba  al
                                                        gobierno  a  tomar  cualquier  propiedad  por

                                                        razones de utilidad pública. Los afectados serían

                                                        indemnizados  por el valor fiscal de la propiedad
                                                        en un plazo de 10 años.
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