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Trasnacionales y pueblos indígenas en lucha
Magdalena Gómez

La ciudadanía en nuestro país vive tiempos de campaña, aun sin ser militantes de partido político
alguno. La campaña a que refiero no es la de los mensajes o promesas que se expresan en discursos
de escasos contrastes, o por conducto de redes sociales y medios masivos de comunicación, o la que
simula atender la suspensión de propaganda gubernamental en torno a programas sociales. En
suma, no es la que regula el Instituto Nacional Electoral.

Esta campaña no se ostenta como tal y, claro, tiene reglas, las del capital trasnacional, y las aplica
ciegamente mediante el Estado dominado y ocupado en que se ha convertido al proyecto emanado
de una revolución, la de 1917. Toda una historia de avances y retrocesos, de luchas sociales, que
aún no logran desmantelar ese auténtico poder metaconstitucional.

Mantenemos, por supuesto, los tres poderes, y cada periodo, en el Legislativo y el Ejecutivo, se
nombran a unos y saltan a otros, en la lógica de garantizar el gatopardismo. La semana anterior
tuvimos la perla de las evidencias, que por respeto al zapatismo me resisto a llamar la otra
campaña, porque además se trata de la campaña, la real, la que verdaderamente nos afecta, seamos
o no conscientes de ello.

Se efectuó el Foro OCDE México 2018 que, “casualmente”, celebra cada seis años la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como una guía, dijeron, de las mejores prácticas
internacionales para el desarrollo de políticas de la nueva administración. Qué claridad de lenguaje,
no hay lugar a equívocos. Presentaron la tercera edición de la serie Prioridades estratégicas para
México (Getting it Right para México), en la que se reivindican en el origen de las iniciativas del
gobierno federal validadas en el acuerdo denominado Pacto por México, firmado en 2013 por todos
los partidos políticos. Al respecto afirmaron: “El reto de la inversión resulta crucial para el éxito de
las políticas energéticas de México a mediano plazo. Sin la inversión necesaria, el sector energético
no desencadenará su potencial para el crecimiento y la creación de empleos. Pemex ya afronta un
desafío hoy, mientras lucha por aumentar las inversiones tan sólo para mantener sus niveles
actuales de producción de petróleo”. Hoy vinieron a reafirmar que las reformas resultaban
prioritarias, y deben mantenerse y profundizarse. Sí lo son, en efecto, para las empresas que han
sido favorecidas mediante concesiones para la exploración y explotación del petróleo, la minería a
cielo abierto, gasoductos, de apertura y competencia en telecomunicaciones. La OCDE recomendó
poner en práctica el sistema anticorrupción, el funcionamiento más expedito y transparente del
sistema judicial, así como el combate a la inseguridad.

Le dio tarea a los nuevos “administradores” del Estado, incluso sus voceros expresaron que es
comprensible que quieran introducir matices en política energética, pero de ninguna manera
cambiar el rumbo ya trazado en la propia Constitución. En la misma línea tenemos las declaraciones
cotidianas del gobierno federal en torno a la inevitabilidad de la continuidad, mientras apresuran
el otorgamiento de concesiones en materia de hidrocarburos, cuestión no incluida en la veda
electoral. Ningún partido ha fijado postura categórica al respecto, pero sus candidatos tranquilizan
al capital y los que se esperaban más radicales, ofrecen frágiles respuestas y dejan a sus operadores,
las declaraciones en torno a que las concesiones ya fueron revisadas y están en orden.

Pero también la semana pasada se escuchó la voz de la llamada sociedad civil ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la reunión celebrada en Ginebra, Suiza, ante el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más de un centenar de organizaciones
presentaron un informe alternativo al del Estado mexicano sobre el conjunto de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Por ejemplo, documentaron las
violaciones en torno al derecho a la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades

 La Jornada, 20 de marzo de 2018