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casos, el Tribunal considera que, en relación con las atribuciones en materia de salud, los
municipios no tienen facultades en materia de educación sexual, sino que actúan de
manera delegada a través de la suscripción de convenios de colaboración con los estados
a los cuales pertenecen.

En suma, las decisiones de la Corte en materia de educación sexual han estado directa­
mente vinculadas con el estudio de otro derecho social fundamental, el de la salud. Muchos
de los criterios de la Suprema Corte sobre este tema son previos a la inclusión de la edu­
cación sexual en el texto constitucional. Queda por ver cuáles serán los desarrollos del
Máximo Tribunal en materia del derecho a la educación sexual, una vez que conozca
asuntos que invoquen directamente estos derechos fundamentales tal y como fueron
integrados en la Ley de Educación.

Para finalizar, sólo resta decir que, aunque los fallos de la Suprema Corte que se ocupan
del derecho fundamental a la educación no son muy abundantes, los que ha proferido
han avanzado enormemente en la configuración y su justiciabilidad constitucional de esta
provisión. Los derechos a la educación inclusiva, gratuita y sexual han sido mayoritaria­
mente el objeto de los fallos de la Corte sobre esta garantía social. La lectura en conjunto
de estas providencias permite reconstruir la narrativa constitucional sobre este derecho
fundamental y las continuidades y rupturas en su configuración y tutela. En el Centro de
Estudios Constitucionales esperamos que éste cuaderno sea estudiado y discutido por
público amplio y diverso y que motive ejercicios análogos sobre la construcción jurispru­
dencial de éste y otros derechos sociales. En últimas, el derecho social a la educación
también incluye a la educación en el desarrollo judicial de los derechos y la posibilidad
de que esas narrativas constitucionales sean apropiadas en un ejercicio que contribuya
a la creación de ciudadanía.

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