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Justificación del criterio

                De las atribuciones establecidas a favor de los municipios en el artículo 115 constitucional
                no se advierte que tengan una facultad directa en materia de salubridad general, lo que
                incluye la educación sexual.  Sin embargo, pueden tener otras facultades siempre
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                que sea expresamente determinado por las legislaturas de los estados. Por otro lado, el
                artículo 4o. constitucional establece que la salubridad general es facultad concurrente
                de la Federación y de las entidades federativas. De igual forma, la Ley General de Salud
                no confiere competencia a los municipios en las materias que se reclaman. Finalmente, la
                legislación local de Guanajuato establece que la participación de los municipios en dichas
                materias se dará por convenios. Así, de los hechos del caso y de la normatividad que regula
                las facultades de los municipios no se desprende que tengan atribuciones directas, ni
                conferidas en materias de salud sexual, distribución de métodos anticonceptivos, planifi­
                cación familiar y educación sexual. (Pág. 58, párr. 1; pág. 59, párrs. 2 y 3; pág. 67, párrs. 1
                y 2; y pág. 68, párr. 1).

                "[N]o obstante la fortaleza como nivel de gobierno otorgada al Municipio, del texto actual
                del artículo 115 de la Constitución Federal no se advierte una faculta directa en materia de
                salud, y si bien el inciso i), de la fracción III, establece que los municipios tendrán a su cargo   "[...] para poder considerarse
                                                                                            que un municipio tiene a su
                las demás funciones y servicios públicos que las Legislaturas locales determinen según las   cargo alguna otra función
                                                                                            o servicio público de las que
                condiciones territoriales y socio­económicas de los Municipios, así como su capacidad   se enlistan en dicha fracción
                                                                                            en los incisos a) al h), es
                administrativa y financiera, es evidente que para poder considerarse que un municipio   necesario que la legislatura
                                                                                            expresamente así lo haya
                tiene a su cargo alguna otra función o servicio público de las que se enlis tan en dicha   determinado atendiendo
                                                                                            a sus condiciones territoriales
                fracción en los incisos a) al h), es necesario que la legislatura expresamente así lo haya   y socio­económicas propias."
                determinado atendiendo a sus condiciones territoriales y socio­económicas propias."
                (Pág. 58, párr. 1).

                "[D]el artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal no se desprende que la compe­
                tencia municipal en materia de prestación de servicios de salud resulta originaria, como
                sucede con los servicios públicos que se especifican en las restantes fracciones de dicho
                precepto; y en específico, el carácter originario, no es predicable de lo dispuesto en el
                inciso i), de la fracción III de este artículo, ya que este inciso dispone que los Munici­
                pios tendrán las funciones y servicios que determinen las Legislaturas locales según las
                condiciones territoriales y socio­económicas de los Municipios así como su capacidad
                administrativa y financiera. De lo que se obtiene que la prestación de este tipo de servicios



                39  El fallo sostiene que la controversia constitucional no es un mecanismo procesal apto para discutir la violación
                de derechos fundamentales. Su objeto es meramente el estudio de las competencias de cada orden de gobierno
                previstas en la Constitución mexicana. Este criterio vigente del Tribunal está contenido en la tesis de jurispru­
                dencia P./J. 101/99.






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