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Socio de Zárate Abogados

Julio Jiménez, catedrático e investigador de la Universidad La Salle, coincide en que, en términos
constitucionales, es imposible “echar para abajo la reforma energética”. Explica que donde el
Ejecutivo federal podría “meter mano” es en el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y Ley
de Hidrocarburos.

Aunque ésta última es la más importante, ya que define los permisos que el gobierno expide por
ciertas actividades de negocios relacionadas con hidrocarburos (asignaciones, contratos y
reglamentos) “no tendría mayor margen de maniobra y tampoco podría mover mucho con eso”,
agrega Jiménez.

Cuando el gobierno federal impulsó la reforma energética, lo primero que contempló para
protegerse en caso de cualquier cambio de color en el poder, fue la modificación de los artículos 25,
27 y 28 de la Constitución.

La nueva redacción del artículo 27 aprobada por el Senado de la República el 10 diciembre de
2013, fue criticada por la oposición al considerar que ponía en riesgo el dominio de la nación sobre
los recursos estratégicos al eliminar la prohibición para otorgar contratos en materia de
hidrocarburos.

Para Alejandro Limón, investigador de Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP), la modificación de este apartado fue “el mejor escudo para
proteger a la reforma ante cualquier alteración que se quisiera hacer en el futuro”.

Revertir la reforma energética requeriría que el Ejecutivo federal contara con dos
terceras partes del apoyo en el Congreso

En concreto, si se quisiera acabar con la reforma, el Ejecutivo federal debería contar, por
principio, con el apoyo de dos terceras partes del Congreso. Algo que, especialistas coinciden, sería
muy difícil de lograr al tomar en cuenta la división política que existe en este momento en el país.