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José Manuel Bermúdez Siaba

Para tranquilizar al clero ante la investigación de sus bienes, se colocó al frente
al Inquisidor General. Su secretario, Bartolomé Sánchez de Valencia, que ya
había dirigido la operación piloto en Guadalajara fue el alma de todo el proceso.
También fue fundamental el marqués de Puerto Nuevo, que actuó de analista,
consultor y asesor.
Las investigaciones en los pueblos se encomendaron a los intendentes provin-
ciales (posteriormente intervendrían en el proceso las contadurías provinciales).
Todo el proceso sería a cuenta del erario real.
Los datos recogidos se consideraban bastante fiables gracias a cautelas como
la comprobación de los datos por peritos; en ocasiones de los pueblos vecinos,
la lectura pública de los libros del Real o la presencia del párroco del lugar, que
aportaría los certificados de pagos de diezmos.
En 1756, los trabajos estaban casi concluidos; aunque algunas operaciones,
como la de Murcia, habían tenido que repetirse completas, y las investigaciones
de la Villa y Corte se prolongaron sin remedio, quedando sin terminar por los
intentos de ocultismo y oposición de los sectores privilegiados. La caída de En-
senada, en julio de 1754, no significó la paralización del proyecto. En 1757 se
obtuvo el Breve del Papa Benedicto XIV, que autorizaba la aplicación de la única
contribución a los bienes de los eclesiásticos. Y cuando nada parecía impedir ya
la puesta en marcha del nuevo sistema fiscal, la muerte de Bartolomé Sánchez
de Valencia en ese mismo año; sumada a la inacción de la administración por la
incapacidad del rey Fernando VI, debido a su grave melancolía desde la muerte
de la reina Bárbara de Braganza, hicieron que se paralizase. Se volvería a estu-
diar la reforma en 1760 y en 1770, ya en el reinado de Carlos III. Se abandonó
definitivamente en 1779, treinta años después del inicio de la investigación.
Las operaciones catastrales costaron a la hacienda real, según Canga Argüe-
lles, cinco años de esfuerzos y 40 millones de reales. Para Concepción Camare-
ro:«El número de jueces subdelegados que dirigieron dichas investigaciones
en cada una de las 14.672 entidades de población se acercó al millar, en sus
audiencias trabajaron más de seis mil hombres y los peritos de los pueblos
pasaron de noventa mil. En los documentos elaborados quedaron registra-
dos más de siete millones de personas y varios cientos de millones de piezas
de tierra, que se pasearon y reconocieron una a una; y muchas fueron me-
didas. Se contaron las colmenas y cada una de las cabezas de ganado. Se
obtuvieron las «tazmías» de cinco años. Los ayuntamientos, monasterios y
nobles tuvieron que desempolvar legajos de sus archivos para hacer copias
y legalizar los documentos en los que figuraban sus ancestrales privilegios.
No quedó casa, ni corral, ni tienda sin medir; ni cuba de vino sin cubicar. En
muchos pueblos hasta se contaron los árboles».
Dejando de lado lo que pudo haber sido y no fue al no implantarse la reforma

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