Page 136 - DERECHO INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA (1988)

de Sudamérica -CISA- desde 1980; el Consejo Internacional de Tratados Indios,
desde 1977. A la vez, han tenido sus propias reuniones y en países tan disímiles
como Canadá (1975). Suecia (1977), Australia (1980), México (1984), Panamá
(1985), Perú (1987), entre otros. El planisferio se les hace familiar y lo utilizan.

Los dos efectos anteriores, que se consideran positivos, han ido
acompañados por la aparición de un grupo de supuestos voceros autorizados de
organizaciones, que se han afincado en Canadá, Estados Unidos, Francia o
Alemania que, con base en un discurso radical altamente ideólogizado y jugando
con "la mala conciencia cristiana occidental" de algunos sectores sociales,
obtienen apoyos y recursos para movimientos indígenas inexistentes en América
Latina. Estos dirigentes con sus declaraciones en ámbitos internacionales han
llevado a errores de apreciación y a magnificar la influencia social real de algunos
de los autodenominados movimientos; estas distorsiones se expresan en
posiciones, tomadas por no indígenas, más viscerales que analíticas, lo que ha
fragmentado los apoyos de grupos solidarios con las causas de los grupos étnicos.

El tema de las dirigencias y, por lo tanto, el de la representatividad en los
movimientos y organizaciones indígenas no está exento de tensiones. Las
dirigencias tradicionales de los grupos indígenas en América Latina han ejercido el
poder político dentro de un espectro que va desde posiciones de extremo
autoritarismo, en las cuales se está para mandar y no para cumplir un mandato, a
las de poder laxo, otorgadas por el consenso grupal con el objeto de articular
sectores y fracciones manteniendo la unidad. El primer caso se encuentra
generalizado entre las poblaciones indígenas campesinas del cordón andino y en
Mesoamérica. Mientras que el segundo corresponde, básicamente, a poblaciones
selváticas y del bosque. En ambos casos y en todas las combinaciones, el poder
político está acompañado de un correlato religioso que puede suplir al primero
(como es el caso, entre otros, de la Pay-Tavitera). Las dos formas extremas de
ejercicio del poder político coinciden, en muchos casos, con la existencia o no de
una estructura estatal anterior a la relación con Occidente. Por ejemplo: la actual
comunidad náhuatl es de estructura vertical y su antecedente es el Estado azteca
y lo mismo ocurre con quechuas y aymarás, mientras que entre los maxacalí,
yanomami, ye'cuana, y otros grupos amazónicos, la estructura de poder es
horizontal y articuladora y su antecedente es la no existencia del Estado. En este
amplio panorama, el surgimiento de las nuevas organizaciones etnopolíticas, las
autoridades tradicionales se ven obligadas a refuncionalizar su papel o entrar en
una situación de enfrentamiento con las nuevas dirigencias.

Hasta ahora hay pocos casos en que los dirigentes tradicionales pasen a
ser, a su vez, jefes políticos de las organizaciones emergentes como es el caso,
por ejemplo, de las Asambleas de Jefes Indígenas (Brasil); pero, cuando en este
país se estructura la Unidad de Naciones Indígenas -UNI-, los representantes de
esta nueva instancia son delegados jóvenes, que ya no recorren el camino
tradicional de acceso a las jefaturas. También es el caso que presenta la
Federación Indígena de Puerto Ayacucho (Venezuela), en donde los líderes
tradicionales siguen siendo los portavoces indiscutidos, aunque misioneros y

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