Page 261 - DERECHO INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA (1988)

problema de la ausencia de democracia real en las estructuras políticas, que han
estado bajo el control dictatorial del aparato militar durante más de 20 años en
Guatemala. Mencionamos también, muy rápidamente porque no es el objeto de
estudio de este trabajo, que esta situación política ha generado una insurgencia
cuya envergadura ha llamado la atención de órganos internacionales como las
Naciones Unidas que han afirmado que Guatemala se encuentra en una situación
de conflicto armado no internacional, pidiendo la aplicación de las Convenciones
de Ginebra y el cese de la política de desplazamientos masivos de población rural,
confinamiento en aldeas estratégicas o su incorporación obligatoria a las patrullas
civiles. Esta política, junto con violaciones en gran escala del derecho a la vida, ha
sido calificada como genocidio, ya que no sólo afecta a la población indígena en
sus derechos políticos y libertades fundamentales, sino también en sus derechos
culturales y tiene como objetivo estratégico la desestructuración de las
comunidades indígenas, es decir, en última instancia, su destrucción como pueblo
con identidad y cultura propias.

La política de discriminación en contra del indígena se expresa también en
la legislación laboral (ausencia de una legislación protectora de los indígenas
minifundistas que producen un alto porcentaje de los alimentos que se consumen
en el mercado interno, asimilación ficticia del trabajador indígena
semiproletarizado del campo con el obrero urbano), pero de manera mucho más
dura en la legislación agraria: ninguna protección legal para los sistemas de
tenencia comunales, puertas abiertas para el despojo legal de las comunidades
indígenas. La política agraria del país es de tal naturaleza que busca la
desaparición de las formas de tenencia y producción propias del pueblo indígena.
No se respeta el derecho cultural de éste a considerar la tierra como un valor
sagrado, no mercantil y, por consiguiente, no susceptible de insertarse en el marco
de las relaciones económicas propias del capitalismo agroindustrial. Hasta
analistas conservadores se han percatado de este fenómeno y han criticado las
políticas gubernamentales, que incurrieron en este error incluso durante el período
democrático de 1944-1954 durante el cual se realizó en Guatemala el único
intento de llevar a cabo una reforma agraria digna de ese nombre.

En suma, sostenemos que en Guatemala existe una discriminación contra
el indígena que no se manifiesta en el plano de la legislación, pero que sí se
expresa en la práctica política y en ciertas prácticas sociales que existen en el
país. En el plano jurídico, el fenómeno discriminatorio tiene ciertas implicaciones
concretas, que se traducen en omisiones legales, mucho más que en
disposiciones específicas. Es muy significativo que en un país como Guatemala,
en donde más de la mitad de la población es indígena, no haya disposiciones
legales específicas para regular relaciones interétnicas de protección al indígena,
en situación de desigualdad profunda con relación al resto de la población
nacional.

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