Page 273 - DERECHO INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA (1988)

comunidades indígenas. En efecto, la mayoría de los grupos indígenas tienen
sus propias normas y costumbres para reglamentar el conflicto interno y
sancionar el delito o la conducta antisocial. Incluso la definición o
conceptualización de lo que constituye un delito difiere en el derecho
consuetudinario de la manera en que aparece en la norma jurídica codificada.
Esta situación es fuente de tensiones y conflictos permanentes entre las
comunidades indígenas y las autoridades judiciales y penales de los gobiernos
federal y estatal. Éstas, desde luego, no reconocen validez jurídica al derecho
consuetudinario, mientras que los pueblos indígenas consideran la legislación
penal vigente, en la medida en que les puede ser desfavorable, como hostil y
agresora de sus valores y costumbres.

Generalmente, tratándose de delitos menores cometidos por un
miembro de una comunidad indígena en perjuicio de otro, las autoridades
gubernamentales tratan de no intervenir en la solución del conflicto o en la
sanción de un delito. Pero cuando se trata de crímenes mayores, sobre todo
homicidios, entonces generalmente interviene la autoridad gubernamental, aún
cuando la comunidad eche mano de sus propios mecanismos para resolver el
problema creado. Bastan dos ejemplos para ilustrar esta situación.

- En una comunidad indígena de Oaxaca, un hombre mató a su amigo en
una reyerta, ambos en estado de embriaguez. Después de varios días
de discusión, el consejo de ancianos de la comunidad, como autoridad
tradicional, decidió que el culpable, siendo soltero, debía casarse con la
viuda de su víctima y sostener a los hijos de éste. De esta manera se
resolvió el problema del sostén económico de la familia de la víctima, el
culpable asumió su culpa y su responsabilidad, se evitaron conflictos
potenciales entre las familias de ambos y se mantuvo el equilibrio social
de la comunidad.
Sin embargo, enterada la autoridad judicial del estado del homicidio
cometido, quiso aprehender al asesino. La comunidad se negó a
entregarlo y la autoridad gubernamental llamó al ejército para proceder
en su contra. Ante la posibilidad de un conflicto violento con la
comunidad, el gobernador del Estado decidió respetar la decisión de la
comunidad, aún contraviniendo la legislación penal del propio Estado.

- Entre los huicholes de Nayarit, un hombre cometió un homicidio. El
gobernador indígena de la comunidad instó al culpable a entregarse a la
justicia, lo cual hizo de su propio pie y sin vigilancia. El juez del lugar, al
no tener documentación al respecto ni constar con testigos del suceso, y
considerando que la información verbal proporcionada por el asesino

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