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Los Centros de Internamiento de Extranjeros son agujeros negros del (supuesto) estado
de derecho, como titulo el segundo artículo de esta revista digital. Estos centros se
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extendieron por toda la Unión Europea tras el Acuerdo de Schengen firmado en 1985,
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dejando abierta la puerta a la Ley de Extranjería que priva de libertad a ciudadanos
extranjeros por no tener papeles, una sanción administrativa equiparable a una multa de
tráfico, lo que entra en conflicto con el artículo 25.3 de la Constitución que establece que
“la Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente
impliquen privación de libertad”.

La política migratoria española y europea acude cada vez con más frecuencia y con mayor
dureza al castigo y al poder coercitivo del Estado. Se trata de un uso que en muchos casos
excepciona principios básicos del ius puniendi, socava el Estado de Derecho y conlleva
graves lesiones de los derechos fundamentales y humanos de los migrantes. (Martínez
Escamilla, 2009).

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El Defensor del Pueblo , en el informe de 2016, presenta una serie de irregularidades que
ha podido comprobar en su visita a los CIE: falta de asistencia psicológica y psiquiátrica,
no hay presencia médica todos los días, no realizan analíticas a los internos, cuando
ingresan en los centros, para detectar enfermedades infectocontagiosas o para adoptar
medidas que garanticen la salud de las personas que conviven en cada centro; no todos
los servicios médicos utilizan los intérpretes, continua sin haber una separación efectiva
de los internos condenados o con antecedentes penales de aquellos otros que se
encuentran internos por la mera estancia irregular en nuestro país, etc.

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La plataforma Cies NO , presentó en 2012 un informe elaborado durante tres años,
analizando lo acontecido en los CIE durante sus visitas, las entrevistas con los migrantes
allí reclusos y que le has servido para exigir con más fuerza el cierre de estos centros
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penitenciarios alegales. Del mismo modo, Amnistía Internacional también se opone a los
CIE en varios de los informes que ha presentado, como el de 2012, en el que pide al
Estado español que sus políticas migratorias sean acordes con las normas y estándares
internacionales de derechos humanos y no criminalicen a las personas inmigrantes.

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, calificó estos
centros, después de la visita al CIE de Aluche, como un "agujero negro" para los derechos
humanos y que el único CIE que respeta esos derechos fundamentales "es el que está
cerrado".

4 Boletín Oficial del Estado (1985). Disponible en:
https://www.boe.es/boe/dias/1994/04/05/pdfs/A10390-10422.pdf. [Consulta: 14 julio 2017].
5 Boletín Oficial del Estado (2000). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-
544-consolidado.pdf. [Consulta: 14 julio 2017].
6 Defensor del Pueblo – Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2016). Disponible en:
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/04/Informe_Anual_MNP_2016.pdf.
[Consulta: 16 julio 2017].
7 Informe Cies NO (2012). Disponible en:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15631011/informeciesWEB.pdf. [Consulta: 16 julio 2017].
8 Amnistía Internacional (2013). Hay alternativas: No a la detención de personas migrantes. Comentarios
al borrador del Gobierno sobre el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros.
Disponible en: https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/Informe%20CIEs?CMD=VEROBJ&MLKOB=32229590404. [Consulta: 17 julio 2017].