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CIE, los agujeros negros del

(supuesto) estado de derecho

Los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) son, en teoría, espacios públicos en donde se
retiene de manera cautelar y temporal a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del
territorio nacional del país. Estos centros se extendieron por toda la Unión Europea tras el
Acuerdo de Schengen firmado en 1985. La Ley de Extranjería posibilitó la detención y privación
de libertad de ciudadanos extranjeros que no tuvieran papeles.

Actualmente, en el Estado español existen siete CIE, tras los cerramientos de los CIE de
Fuerteventura y Málaga; Algeciras, Madrid, Las Palmas, Barcelona, Murcia y Valencia. Desde
que comenzaron a funcionar en 1985, han sido muchas las voces que exigen el cierre de estos
centros por la opacidad, las condiciones indignas en las que viven los inmigrantes, etc.

Según recoge el informe anual de 2016 de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,
dependiente del Defensor del Pueblo, en los CIE no se presta asistencia psicológica y
psiquiátrica, no cuentan con presencia médica y de DUE durante las 24 horas del día los 7 días
de la semana, no realizan analíticas a los internos, cuando ingresan en los centros, para detectar
enfermedades infectocontagiosas o para adoptar medidas que garanticen la salud de las personas
que conviven en cada centro; no todos los servicios médicos utilizan los intérpretes que el
Ministerio del Interior pone a su disposición para que el idioma no sea un obstáculo, continua
sin haber una separación efectiva de los internos condenados o con antecedentes penales de
aquellos otros que se encuentran internos por la mera estancia irregular en nuestro país, no se
provee de ropa y calzado a los internos que lo necesiten, falta de intimidad en las duchas, etc.

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