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En este mismo informe, el MNP recoge una serie de recomendaciones realizadas el día 14
de diciembre de 2016:

- Garantizar en todo caso el derecho de los extranjeros internados a comunicarse con sus
familiares, funcionarios consulares de su país y otras personas.

- Asegurar que los internos puedan realizar llamadas telefónicas según la tarifa vigente y
evitando que se vean obligados al pago de tarjetas telefónicas con un sobreprecio.
Cabe señalar que, de los 7.597 extranjeros internados, han sido expulsados 2.205, lo supone
que un 70,97 % de los extranjeros internados durante el año 2016 no han sido expulsados.
De este modo, comprobamos que no se cumple con el plazo de 60 días máximo que un
interno debe permanecer en un CIE antes de ser devuelto a su país en los conocidos “vuelos
de la vergüenza”.

Un informe sobre la situación actual de los CIE presentado en junio de 2015 por la ONG
Pueblos Unidos–Servicio Jesuita a Migrantes y elaborado por las Clínicas Jurídicas de
ICADE (Universidad Pontificia Comillas), Per la Justícia Social (Universidad de Valencia),
Dret al Dret (Universidad de Barcelona) y el Observatorio de Derechos Humanos
(Universidad de Valladolid), define a los CIE como cárceles camufladas sin garantías
penitenciarias para personas que, en la mayor parte de los casos, no han cometido ningún
delito.

El CIE de Aluche es conocido como el “Guantánamo español”, no sólo por la privación de
libertad a la que se ven sometidos los internos, la estructura modular de sus instalaciones, el
alojamiento en “celdas” cerradas, o los férreos controles de vigilancia, sino por las
condiciones en las que se produce el internamiento que redundan en sistemáticas y flagrantes
violaciones de los derechos de los internos denunciadas por numerosas ONG como SOS
Racismo, Ferrocarril Clandestino, etc.; y plataformas como CIEs NO.

En cuanto a la asistencia jurídica de las personas internas, se ha habilitado un espacio tras un
acuerdo firmado con el Colegio de Abogados en el cual opera un dispositivo del Servicio de
Orientación Jurídica (SOJE) tres días en semana, de 10.00 a 14.00 horas. Pero, se han
detectado problemas en el funcionamiento de este servicio ya que no todas las solicitudes de
cita previa que realizan los internos, a través de un buzón de sugerencias habilitado a tal fin,
llegan finalmente al SOJE. Los funcionarios de policía o los servicios sociales realizan una
selección previa de los internos que pueden acceder al servicio, en lugar de dejar que sea el
propio SOJE el que gestiones todas las solicitudes y establezca las prioridades o el orden de
atención.

Como señalé más arriba, no se realizan exámenes médicos y analíticas cuando el interno
entra en el CIE, no se tiene en consideración los antecedentes clínicos familiares, no se han
adoptado medidas para evitar contagios en caso de enfermedad, etc. Esta serie de
irregularidades y vulneración de los derechos humanos tiene consecuencias profundamente
lamentables dentro de los CIE. En el año 2011, en el CIE de Aluche, Samba Martine falleció
a causa de SIDA, cuya enfermedad fue diagnosticada en el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) de Melilla y no fue comunicado al centro de Aluche. A raíz de este
desgraciado suceso, la Defensora del Pueblo recomendó elaborar un protocolo de derivación
sanitaria que se aplicara en todos los traslados de residentes en los CETI a Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE), protocolo que, a día de hoy, continúa sin estar
debidamente implementado en todos los CIE del Estado.

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