Page 76 - Revista Judicial CSJ-Ica -Nelson Martin Pinedo Ob.

Corte Superior de Justicia de Ica
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diferentes tipos de géneros jurídicos, con
reglas formales e informales, rasgos de
estilo, giros y expresiones propias,
dinámico, en estado fluctuante y en plena
evolución. No debemos pasar por alto que
los distintos géneros exigen claridad en su
propio contexto comunicacional:
resoluciones judiciales en sus diferentes
subgéneros (definitivas, interlocutorias,
simples; declarativas, constitutivas;
cautelares, etc.) cédulas, oficios, exhortos,
edictos, entre otros.
Pero no sólo eso. El lenguaje jurídico,
dada su especialidad, cuenta con un
propio tecnolecto, pues está dotado de
una terminología específica, propia de su
ámbito. El mantenimiento de la precisión
y el respeto de la univocidad de los
términos jurídicos son presupuestos de
enorme importancia para el buen
funcionamiento del Derecho y de sus
aplicaciones.
Estando a lo antes expuesto, que parece
básico en cualquier aproximación al
sistema de administración de justicia, sale
a la palestra una interrogante crucial:
¿cómo pudo ser que por siglos –e incluso
en la actualidad- no nos hayamos
planteado el problema de la calidad del
lenguaje jurídico como una de las
primeras cuestiones a indagar para
asegurar un debido proceso legal?
Consideramos que esto se debe en gran
medida a la influencia del positivismo del
siglo XIX que jugó y juega un papel
protagónico.
Si, según esa perspectiva, el juez es la
boca inanimada de la Ley, ese modelo de
juez no genera –ni mucho menos crea-
discursos jurídicos de subsunción. Evalúa
bajo un silogismo una situación fáctica
particular, específica y concreta,
identifica sus efectos y alcances y, con un
razonamiento deductivo formal, la hace
“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”
Revista Jurídica “Jus Liberabit Ica”
encajar en el molde prefabricado por el
legislador con anterioridad al litigio.
Aplica un texto que contiene una
previsión abstracta, general e hipotética –
la ley-. Ello hasta llegar al paroxismo que
a nivel legal ha estado expresamente
prohibida, la motivación del juez hasta el
año 1855 en España.
CONCLUSIONES
La implementación de la oralidad en el
proceso civil no es una tarea exclusiva del
aparato estatal, representado en este caso
en la Corte Superior de Justicia de Ica,
sino más bien, se trata de una labor en
conjunto que deben realizar tanto los
operadores de justicia (abogados, Poder
Judicial, y la academia), pues dicho
modelo requiere para su adecuada
aplicación un mayor compromiso por
estas partes y que puedan participar de
forma activa en los procesos judiciales,
para lo cual se tendrán que capacitar de
forma permanente hasta lograr un mejor
manejo de dicho sistema y obtener el
resulto postulado.
Un elemento que resulta de vital
importancia y al cual se le ha dado poca
atención al momento de implementar este
tipo de sistemas orales en los procesos
judiciales, es en efecto, el correcto uso de
lenguaje escrito, el cual no debe pensarse
que desaparecerá con la implementación
de la oralidad, sino que debe ser
debidamente empleado para que se
convierta en el complemento para este
modelo oral.
Solo a través del correcto uso del lenguaje
oral, se podrá logar un lenguaje judicial
claro, ello en beneficio de las personas
que son sometidas a un proceso judicial,
coincidiendo con el sector de la doctrina
que busca elevar a la categoría derecho