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entre la protección ambiental y la defensa del que doctrinalmente se conoce como arbitraje
desarrollo económico, aunque dichas solucio­ institucional.
nes queden habitualmente a disposición de las
propias administraciones y no dejen tampoco En materia de arbitraje ambiental, cumple esta
en manos de los ciudadanos el derecho subje­ Corte con la función de constituir tribunales
tivo a impetrar dicho desenlace arbitral5. conformados por cinco árbitros, previa solicitud
que por escrito le formule cualquier entidad
En estos casos, no obstante no estamos propia­ privada o pública.
mente ante una fórmula arbitral sensu stricto
en el sentido apuntado por la Ley española El tribunal resolverá la diferencia de acuerdo
de Arbitraje, sino ante actos administrativos con el derecho aplicable y las normas acorda­
(sometidos por tanto al derecho administra­ das por las partes. El tribunal, además, y si las
tivo) que se producen a través del uso instru­ circunstancias lo exigen, podrá recomendar la
mental de mecanismos arbitrales por parte adopción de aquellas medidas provisionales
de la administración. Una vez producidos son que considere necesarias para salvaguardar el
por alum nos de la Facultad de Derecho de la U niversidad de Lima
enteramente susceptibles de ser llevados ante medio ambiente o los derechos de las partes.
la jurisdicción contenciosa, a pesar de que en
dicha sede se pueda oponer - al menos de De igual modo, las partes podrán dirigirse a las
forma especulativa- que la solución arbitral instituciones gubernativas o jurisdiccionales
en lo tocante al fondo del asunto es materia del país donde radique el conflicto a solicitar la
ajena al juez contencioso sobre la base de la adopción de tales medidas.
propia ley arbitral española, que limita dicho
enjuiciamiento a supuestos tasados6. El laudo se dictará por escrito y contendrá una
declaración sobre todas las pretensiones some­
En efecto, en España existe la posibilidad de que tidas por las partes al tribunal y será motivado
una administración pública pueda celebrar pac­ en derecho8. Esta motivación del laudo deberá
tos o acuerdos con los ciudadanos para concluir ser enmarcada dentro del contenido consti­
procedimientos administrativos, ambientales o tucional y especializado de conglomerado de
no. Incluso prevé más: que tales acuerdos, pac­ normas ambientales vigentes.
tos, convenios o soluciones con personas físicas
o jurídicas, individuales o colectivas, tengan por A entender de Gaitán Ochoa9, el arbitraje am­
objeto satisfacer el interés público que tiene biental debería tener como finalidad resolver
encomendadas las propias administraciones, las controversias, respecto a la protección del
entre ellas la protección del medio ambiente y derecho de la propiedad privada de eventuales
el desarrollo socioeconómico7. daños causados por contaminación o perturba­
ciones ambientales provocadas por terceros. Es
En noviembre de 1984, en México D.F. se creó justo en este último donde, eventualmente, el
Revista editada ción Ambiental (CIACA) con la participación desarrollarse, agregamos que podría tener un
procedimiento arbitral tendría posibilidades de
la Corte Internacional de Arbitraje y Concilia­
de 28 juristas de 22 países y responden a lo
mayor desarrollo si el arbitraje se aplica en con-

5. ídem., p. 191.
128 6. JUNCEDA MORENO, Francisco Javier. Derecho Ambiental en el Amazonas, pp., 105-106.
ADVOCATUS 7. Ibíd.

8.
Ibíd.
GAITÁN OCHOA, Luis Fernando. "Arbitraje ambiental: instrumentos para la solución de conflictos". En Lecturas
9.
sobre Derecho del Medio Ambiente. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008, p. 259.

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