Page 11 - DIGNIDAD HUMANA, UNA PUERTA DE LIBERTAD

de factores como enfermedades mentales, ideaciones suicidas y altos índices de

violencia e ilegalidad, elementos incidentes en la salud pública.

En consecuencia, se hace fundamental destacar que el deber ser, señalaría
la obligación social, política y democrática del Gobierno, la sociedad civil, las

Organizaciones no Gubernamentales y entidades defensoras de los derechos

humanos, de velar por el trato justo en los sistemas penitenciarios, interpretando
y apropiando las rutas y mecanismos de exigibilidad de derechos; haciendo

ejercicios ciudadanos de veeduría, participación social, rendición de cuentas,
vigilancia y control, y acudiendo con conocimiento oportuno a instancias

internacionales, cuando en virtud de su función defensora de los derechos

humanos, estas deban intervenir por incumplimiento u omisión de las
obligaciones de un Estado, de la colectividad o de las entidades nacionales.

En cuanto a la materialización de la justicia social, vista a grandes escalas,

es imperioso acotar, que si de facto, la privación de la libertad, hace parte de un

proceso de reparación y justiciabildad, por daños causados a la sociedad; en
concordancia las acciones tomadas dentro del proceso legal y judicial, debiesen

responder apropiadamente a la restauración de valores sociales, que incidan
directamente en el progreso humano, siendo objetivo primordial en cualquier

Estado; razón por la cual, urge que la administración pública, involucre la
transparencia, como principio ético y como parte de la misión gubernamental,

además de hacer análisis conscientes de las falencias y debilidades que se

presentan en los sistemas penales acusatorios, vistas desde dos extremos: la
impunidad y la infravaloración del ser humano detenido.

En virtud de lo precedente, acciones como la presentación de informes,

deben partir de la realidad, de hechos y resultados concretos y sustentar la
gestión e inversión pública, a fin de identificar las oportunidades de mejora en

favor del logro de los derechos humanos para privados de la libertad, indicando

de manera objetiva avances o retrocesos respecto al cumplimiento de las