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El Frente Nacional excluyó a las gentes humildes, y hemos visto crecer
de un modo colosal la miseria material y moral del país. Cuando el
Estado se esfuerza por hacer cosas en beneficio de los pobres, todo lo
hace de un modo limosnero y exterior, porque los pobres no están
representados en el Estado, y éste procura malamente mitigar las
condiciones de pobreza, pero no es una instancia comprometida con
soluciones reales para esa población.
Y no se trata de una minoría importante: se trata, según dicen las cifras,
de la mitad de la población nacional. Uno se pregunta: ¿En función de
quién gobierna el Estado si su primera prioridad no es el problema de la
pobreza, a través de la cual la sociedad entera se ha precipitado en el
caos? De esa gigantesca masa de seres humanos desterrados,
excluidos, de esa infrahumanidad, muchos se han visto forzados a la
delincuencia. Hoy la principal fuente de delitos en la sociedad colombiana
es la delincuencia común; no la delincuencia guerrillera ni la delincuencia
del narcotráfico sino la delincuencia común, hija de la ignorancia, del
resentimiento, de la pobreza, de las condiciones infrahumanas de vida y,
por supuesto, fortalecida y perpetuada por la impunidad.
Aún sin realizar los cambios que Colombia requiere con urgencia para
llegar a ser el país digno que queremos, aún sin esa gran revolución de
la dignidad, contra la miseria y contra la exclusión, sería un avance que
el Estado curara las tres gravísimas heridas que le infligió a la sociedad
con el esquema del Frente Nacional: la prohibición de una oposición
legal, la falta de democracia económica, la falta de un verdadero
compromiso con las clases más pobres.
Sólo una oposición legal verdaderamente actuante y eficaz puede hacer
inútil e injustificada la dañina oposición armada, con su capacidad de
extorsión y de terrorismo.
Sólo el acceso a la iniciativa económica y a la promoción social puede
permitir que se supere la terrible situación de las clases medias, día a día
forzadas a persistir en la nada fácil acumulación de riquezas ilegales.
Sólo una política encaminada a la capitalización de los pobres, a
garantizarles condiciones de dignidad y niveles decorosos de vida, sólo
su acceso a una relación viva con el lenguaje y la cultura, puede
disminuir considerablemente los niveles de criminalidad y de delincuencia
común en Colombia.
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