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MESA REDONDA
participación ciudadana. Al respecto, ha habi­ tante señalar que el proceso de consulta previa
do algunos pronunciamientos judiciales que no implica un derecho de veto, sino que está
concluyen que, con independencia de que no destinado a intentar lograr un acuerdo entre
haya existido regulación específica sobre la im­ la entidad promotora y los pueblos indígenas
plementación del proceso de consulta previa, u originarios.
éste era exigióle al Estado partir de la entrada en
DERECHO
vigencia del Convenio 169. Es más, en algunos Fernando Babarczv (FB): La implementación ambiental
casos, el poder judicial ha incluso resuelto de­ de la Ley de Consulta previa tiene como an- recursos
clarar la nulidad de ciertos actos administrativos tecedentes diversas protestas lideradas por
que autorizaron la ejecución de las actividades comunidades indígenas del país que tomaron
de exploración y explotación de recursos natu­ medidas radicales y en donde se desarrolló uno
rales, en tanto no se habría cumplido con uno de de los conflictos sociales más violentos en la his­
los requisitos previos a su otorgamiento. Como toria del país:"el Baguazo". Ahora bien, luego del
es evidente, estos pronunciamientos atentan desarrollo de estos conflictos el estado peruano
seriamente contra la seguridad jurídica y, por durante el gobierno del presidente Ollanta
tanto, es importante que cada caso sea anali­ Húmala emite la Ley 29785, Ley del Derecho
zado cuidadosamente con la finalidad de evitar a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
decisiones que pudiesen generar consecuencias Originarios y posteriorm ente el reglamento
nefastas no solo para el inversionista y el Estado de la mencionada norma. Es así como en abril
peruano, sino también para los pueblos indíge­ del 2013 que se lleva a cabo el primer proceso
nas u originarios que supuestamente no habrían de consulta previa, que tenía como finalidad la
sido consultados, en tanto ellos se benefician creación del Área de Conservación Regional,
también como consecuencia del desarrollo de en el distrito de Loreto. Actualmente se han
los proyectos de inversión. desarrollado una serie de procesos de consulta
previa relacionados con temas como la licitación
Ahora bien, en relación al segundo grupo, la im­ de lotes de hidrocarburos, normas de carácter
plementación de los primeros procesos de con­ nacional, áreas naturales regionales, proyectos
sulta previa al amparo de la Ley y del Reglamen­ de inversión y proyectos mineros.
to -en el marco del desarrollo de proyectos de
inversión- enfrentó diversas dificultades debido Asimismo, la implementación de la consulta
a la poca claridad de las normas que regulan su previa ha resultado un avance para que los
implementación, específicamente por: (i) la in­ pueblos indígenas u originarios participen en
certidumbre sobre lo que se debe entender por la toma de decisión sobre alguna situación que
"medida administrativa", considerando que el les afecte, derecho ya reconocido por el Con­
desarrollo de proyectos de inversión requieren venio 169 de la OIT. Sin embargo, falta realizar
del otorgamiento diversas licencias, permisos algunos ajustes y definir algunos puntos para
y autorizaciones; (ii) como consecuencia de lo permitir una mayor claridad en su aplicación ya
anterior, la incertidumbre sobre el momento que está generando dudas en cuanto o no se
específico en el que debe efectuarse la consulta debe aplicar y un impacto en algunos proyectos
previa; y, (iii) la incertidumbre sobre cuándo privados de gran escala.
un pueblo califica como indígena u originario,
considerando que la identificación no solo Juan Gómez de la Torre (JGT): Muchos elemen­
responde a criterios objetivos, sino también tos y factores han influido, a la vez que fueron in­
subjetivos. Ahora bien, desde la perspectiva del fluenciados, por la implementación de la ley de
inversionista, la mayor preocupación es que el Consulta Previa -en adelante "CP"- en el Perú.
proceso de consulta previa, al aplicarse indebi­ Desarrollaré mi respuesta sobre la base de tres
damente, se utilice como una herramienta para puntos, considerándolos cruciales para lograr
retrasar -o incluso impedir- el otorgamiento de entender los posibles impactos, a nivel nacional:
las autorizaciones que permitan el desarrollo de i) la(s) razón(es) para instaurar la Consulta Previa
proyectos de inversión. Sin embargo, es impor­ (CP); ii) el rol del estado en este proceso; y iii) la

C o n s u l t a p r e v i a : ¿ D e r e c h o d e p a r t i c i p a c i ó n o d e r e c h o d e v e t o ? 263