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norma, al pago de una suma "determinada de verdaderamente orientadas a la configuración
manera equitativa". de un proceso razonablemente rápido y eficien­ <
te y en el que las garantías fundamentales de las U
Más allá de las más o menos evidentes inten­ partes estén aseguradas.
Q.
ciones del legislador, se trata de una norma V/>
UJ
técnicamente mal formulada, que atribuye al Apunta acertadamenteTropea42 que así es como
LITIGIOS
PROCESALES
juez un poder discrecional para imponer san­ el legislador ha abdicado a su tarea fundamental Y ARBITRALES
ciones y que no está vinculado a ningún criterio de equilibrar los diferentes valores del sistema,
controlable. Afortunadamente39, la interpreta­ entre ellos la duración razonable del proceso,
ción mayoritaria limita la aplicación de dicha dejando en manos de los jueces la facultad de
norma a los casos de responsabilidad agravada sustituirse arbitrariamente en el rol del propio
previstos por la ley40, y por lo tanto prevé que, legislador, a través de principios a menudo va­
para aplicar la sanción, se deban cumplir las con­ gas y genéricos -como la economía procesal o
diciones indicadas en los dos primeros párrafos la eficiencia del proceso-que cada juez en parti­
del artículo 9641. cular termina siendo libre de elegire interpretar
en base a sus preferencias individuales.
Aun así, la formulación "en cada caso"es vaga y
prácticamente carente de sentido, pues deja al VI. UNA DUDA FINAL
juez libre de decidir si condenar o no a la parte
vencida a una "pena privada” establecida en la Parece evidente que -bajo la apariencia de una
ley. Asimismo, el criterio de "evaluación equi­ "onda moralizadora"- nos encontramos camino
tativa", previsto para la cuantificación de una a una "deriva autoritaria". A esta"onda"favorecen
sanción económica, carece prácticamente de tanto la doctrina -que varias veces menciona con
sentido, pues los criterios que deberían guiar entusiasmo el abuso del proceso como si no fuera on
O
al juez en dicha valoración resultan misterio­ un mero flatus vocis-, y tanto la jurisprudencia, cc
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sos. La discrecionalidad sigue siendo excesiva, que se aprovecha de la interpretación de normas
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con los no poco importantes peligros de la mal formuladas para apropiarse de un poder ar­ cc
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arbitrariedad. bitrario de control sobre los actos de las partes, X UJ
incluso cuando estas permanecen dentro del OO
CC
De esta manera, un legislador principiante e marco de lo que la ley procesal les permite. O
incapaz ha intentado colocar a las partes, bajo el
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agudo y arbitrario control del juez. Pero también En la parte superior de esta "deriva autoritaria"
bajo la aplicación de aquellos"valores del siste­ se coloca -por iniciativa propia- la Corte de
ma"-como la duración razonable del proceso- Casación, que se ha auto asignado el rol de
que dicho legislador no ha sido capaz de definir supremo guardián de la moral procesal. No está
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correctamente a través de reformas procesales claro en base a qué principios lo hace43, pero 00
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39. El adverbio se explica porque esta interpretación excluye lo que quizá fue la intención del legislador, a saber, la X u
creación de un supuesto de abuso del proceso posterior, atípico, indeterminado y dejado a la discreción absoluta cc
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del juez. cc
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40. Véase mayores indicaziones en Carpi-Taruffo, Op.Cit., p.404 y ss.
41. En el sentido que el párafo 3 del artículo 96 configura en vez de un supuesto diverso y posterior respecto de
aquellas disciplinadas en los primeros dos párrafos de la norma. Véase en su lugar Cordopatri, Op. Cit., p.73 y ss. CJ
42. Tropea, Op. Cit., p.263. co
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43. El caso más evidente de incerteza de los principios que la misma Corte de Casación adopta como "valores
superiores" en la interpretación y valoración de la conducta procesal de las partes, es aquel que constituye o
también el ejemplo más importante de abuso del proceso, siempre a criterio de la Corte de Casación, a saber, el §
Q
fraccionamiento de la demanda. Podría parecer ridicula, si no fuera el signo de una trágica confusión de ideas,

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