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Es decir, el Grupo ha actualizado su interpretación Es común a las dos ramas del Derecho Internacio­
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de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la nal que la desaparición forzada de personas esté «
protección contra las desapariciones de 1992 y si prohibida en forma absoluta, como emerge del u o
considerase que algunas denuncias de desapa­ art. I.a de la Convención Interamericana, del art. I I 1 I I
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riciones forzadas podrían constituir crímenes de 1.2 de la Convención Internacional de las Nacio­ t/K/l
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lesa humanidad, evaluará esas denuncias según nes Unidas y del art. 7 del Estatuto de Roma, así
DERECHO
lo regulado en el citado párrafo 1 del art. 7 del como de la jurisprudencia emitida al respecto por PENAL
Estatuto de Roma y, de ser el caso, las remitirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
las autoridades competentes, internacionales, pues afecta derechos ¡nderogables o que confor­
regionales o nacionales.37 man el "núcleo duro" de los derechos.40

Diferencias entre el Derecho Internacional De modo que en el estado actual del Derecho
de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, la prohibición de incurrir en la
Internacional. desaparición forzada de personas se entiende
como una norma imperativa o jus cogens: ro
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De todo lo expuesto anteriormente, podemos
apreciar que existen ciertas diferencias en la "La obligación de investigar, y en su caso <U
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regulación de la Desaparición Forzada de Perso­ enjuiciar y sancionar, adquiere particular ■o
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nas entre el Derecho Internacional de los Dere­ intensidad e importancia ante la gravedad
chos Humanos y el Derecho Penal Internacional de los delitos cometidos y la naturaleza de
(en adelante, también DPI). los derechos lesionados; más aún pues la
prohibición de la desaparición forzada de per­
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El agente activo del delito en el DIDH,38 además sonas y el correlativo deber de investigarla y ~a
del funcionario público puede ser un actor no sancionara sus responsables han alcanzado o
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estatal pero que actúe bajo el apoyo, tolerancia carácter de ius cogens."4' cu
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o aquiescencia del Estado. Q
Del Derecho Internacional también se deriva la TJ
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En el DPI, el agente activo puede ser un actor obligación de investigar los hechos de la des­ -O
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estatal como también el integrante de una orga­ aparición forzada de personas, pues al afectar
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nización política, como lo regula el art. 7.2.i) del o poder afectar algunos derechos ¡nderoga­ ro
Estatuto de Roma. Lo corrobora la experiencia bles, tal situación no puede quedar impune.42
cu
internacional y la experiencia peruana.39 Asimismo, asiste el derecho de saber la verdad "O
de lo ocurrido y de poder acceder al cuerpo </i
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Prohibición absoluta de la desaparición de las víctimas si se produjo una situación de C
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forzada. Norma de jus cogens. concurrencia o concurso real con los delitos zj
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de homicidio o ejecución arbitraria, extraju- O
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37. Loe Cit. cu
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38. Tercer considerando del Preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas, art. 2 de la Convención de las
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Naciones Unidas y art. II de la Convención de la OEA. >
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39. Véase el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tomo VI, cuadro 3, pág. 511, que comprendió cc
como uno de los perpetradores de la desaparición forzada al grupo subversivo Partido Comunista del Perú —
Sendero Luminoso.
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40. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia de fecha 14 de marzo de 2001 en el caso Barrios CN
Altos vs. Perú. Serie C N° 75, párrafo 41. Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2006 en el caso La Cantuta vs. Perú
CO
precitada, párrafo 160.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2005, caso Santiago B
Martin Rivas, Exp. N° 4587—2004—AA/TC, párrafo 63. 2
41. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia en el caso La Cantuta vs. Perú mencionada, párrafo §
157; sentencia en el caso Anzualdo Castro vs. Perú precitada, párr. 59. Q
42. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia en el caso Velásquez Rodríguez, mencionada,

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