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participación en el ejercicio del poder y la toma de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
decisiones.
Nuestro país ha firmado y ratificado todas las
convenciones y conferencias mencionadas,
además ha legislado diversas normativas que
garantizan la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, entre las que se destacan:
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, 2003 (última reforma DOF 20-03-
14), cuyo propósito es prevenir y eliminar todas
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las formas de discriminación que se ejerzan contra
cualquier persona en los términos del Artículo 1°
constitucional, al tiempo que promueve la igualdad
de trato y oportunidades para las personas.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, 2006 (última reforma DOF 04-06-
2015) tiene por objetivo regular y garantizar
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la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres, proponer los lineamientos y
mecanismos institucionales hacia el cumplimiento
de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y
privado, promoviendo el empoderamiento de las
mujeres y la lucha contra la discriminación basada
en el sexo.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, 2007 (última reforma DOF
04-06-2015) clasifica los tipos y modalidades
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de violencia que experimentan las mujeres a lo
largo de su vida (incluido el hostigamiento y acoso
sexual), y enuncia las medidas de protección que
el Estado debe garantizar para salvaguardar su
vida.
Todas las legislaciones tienen como finalidad
garantizar el pleno desarrollo de las mujeres en
todos los ámbitos de su vida, así como el ejercicio
pleno de sus derechos.
En el camino normativo, otro ejemplo del
compromiso del gobierno federal para lograr la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el
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primero en incluir la perspectiva de género como
uno de sus ejes trasversales, con lo cual se busca
que todos los programas, acciones, políticas de
gobierno, programas sectoriales, institucionales
y regionales que elaboren las dependencias de la
Administración Pública Federal (APF) incorporen la
perspectiva de género para reducir las brechas de
desigualdad existente entre mujeres y hombres.
Esto fue posible debido a que se comprendió que
México no podría conducirse hacia una cultura
de igualdad y democracia al mantener en rezago
a la mitad de su población: las mujeres. Con base
en esto, se elaboró el Programa Nacional para la
contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018)
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el cual busca institucionalizar la perspectiva 23
de género en la planeación, programación y
presupuestación de la APF.
El PROIGUALDAD tiene seis objetivos transversales,
36 estrategias, 314 líneas de acción y 18
indicadores con metas a cumplir para el 2018. El
objetivo seis enfatiza la obligación de incorporar las
políticas de igualdad de género en los tres órdenes
de gobierno y fortalecer su institucionalización a
través la cultura organizacional; la estrategia 6.7
plantea el compromiso de promover y dirigir el
cambio organizacional a favor de la igualdad y la
no discriminación de género; específicamente
la línea de acción 6.7.1 determina la necesidad
de garantizar la aplicación integral del Programa de
Cultura Institucional para la Igualdad 2013-2015
(PCI) .
Dicho programa fue diseñado para contribuir
al cambio en la APF, de acuerdo al mandato del
PND 2013-2018, para evitar la reproducción de
estereotipos y roles de género que provoquen
discriminación, exclusión y desigualdad al interior
de las instituciones del Estado. Entidades que
tienen una serie de principios y obligaciones
que deben cumplirse a partir de la reforma
constitucional en derechos humanos que se
construyó en nuestro país.
Planteado desde una mirada normativa, la
propuesta del PCI es “garantizar el cumplimiento
e institucionalización del principio de igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres en la cultura
organizacional de la APF a través de tres ejes de
acción: a. clima laboral, b. corresponsabilidad y
c. hostigamiento y acoso sexual”. Mediante los
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ejes de acción se pretende contrarrestar hechos
sociales de desigualdad que tienen un impacto
en las relaciones de género en las subculturas
organizacionales: fomentar un clima laboral en el
que prevalezcan el respeto a los derechos humanos,
la no discriminación y la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres; asimismo, se pretende
garantizar la conciliación y corresponsabilidad de la
vida laboral, personal, profesional y familiar de
las personas servidoras públicas para prevenir,
atender y sancionar el hostigamiento y acoso
sexual en las entidades y dependencias de la APF.
La introducción de la perspectiva de género en
las instituciones que conforman el Estado por
parte del ejecutivo federal cuestiona la manera
en que la sociedad mexicana culturalmente se
ha construido, lo que tiene un impacto en las
relaciones de género y que se evidencia en los
centros de trabajo gubernamentales.