Page 295 - DERECHO INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA (1988)

riesgo más permanente: un camuflaje de la función de dominación económico-
política de la normatividad jurídica (que legisla por acción u omisión dentro de los
límites de la operatividad y el consenso social), presentando como acción de
protección a los derechos etno-lingüísticos de las poblaciones indígenas.

La actual opción de no-dependencia ha acentuado más aún las agudas
contradicciones que han desgarrado históricamente a la sociedad peruana y han
producido un complejo y desafiante fenómeno de insurgencia popular que está
cuestionando radicalmente, una vez más, a la sociedad global y a la ausencia de
un proyecto de liberación nacional y de justicia. En una de las regiones
tradicionalmente más empobrecidas y explotadas del país, donde la gran mayoría
de la población está constituida por campesinos indígenas quechuas, un
movimiento armado ha proclamado un camino de guerra popular prolongada del
campo a la ciudad para la conquista revolucionaria del poder. La capacidad de
convocatoria y movilización que el movimiento "Sendero Luminoso" está
demostrando para con ciertos estratos y subregiones étnicas del campesinado y
de la pequeña burguesía indígena empobrecida de la región andina es innegable y
merece ciertamente una reflexión política y cultural de gran envergadura, de
compromiso y de urgencia. El movimiento permanece incomprendido por los
sectores criollos y urbanos del país, sobre todo en su violencia extrema, en su
carga justiciera secular, en su carácter milenarista y mesiánico, en su rechazo de
toda forma de alianza, compromiso y negociación, en su negación radical de todo
lo que representa una posible convivencia con el Perú urbano y de tradición
cultural europeizante. En este sentido el movimiento se vincula a la larga historia
de las sublevaciones populares indias del Perú y, en general, indígena en
América, que convocan a los estratos más oprimidos y explotados ofreciendo
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alternativas de rechazo total de la sociedad del opresor y de su cultura .

A esta proposición de violencia armada y de postulados fundamentalistas el
gobierno ha dado una respuesta igualmente violenta cayendo en la espiral del
terrorismo de Estado y de la represión indiscriminada y masiva. Un informe de
Amnistía Internacional (agosto de 1983) que señala numerosos casos de torturas,
desapariciones, ejecuciones extrajudiciales sumarias, ha sido rechazado por el
gobierno de F. Belaúnde Terry como insustanciado. Hoy, sin embargo, la misma
oficina gubernamental del Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) está
procesando 600 casos de personas "desaparecidas" ocurridos en la región de
Ayacucho durante 1983. En el primer semestre de 1984 ha habido un promedio de
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50 denuncias semanales de personas desaparecidas en la misma región que se
encuentra en estado de ocupación militar. Abogados, miembros del poder judicial,
de la Comisión Andina de Juristas y numerosos políticos, intelectuales y
organizaciones del país han expresado su profunda preocupación por el curso y el
estilo que está tomando la respuesta del gobierno a la insurgencia armada,
especialmente por la subordinación y control que está sufriendo el poder judicial a
manos del ejército y de las fuerzas policiales, la restricción a la libertad y

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Cf Bonfil (1981), Kapsoli (1982), Rodriguez, Varese (1981), Wankar (1981).
42
Peruvian Quarterly Report. abril de 1984.

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