Page 13 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

sabido aprovechar el potencial anonimato que les da las operaciones realizadas

con criptomonedas.

En este módulo vamos a ver cómo una vez introducidos los productos en el

mercado regulado las organizaciones criminales, dejan atrás su lado ciber, y es

a partir de este momento, donde las mismas están dispuestas a pagar, aquellos
impuestos que legalmente les correspondan abonar. Pero, sin embargo, cuando

hablamos de grandes sumas de inversión, capital y/o bienes, las organizaciones

contratan a los mejores asesores profesionales, buscando cumplir sus

obligaciones legales, como si de otro cualquier ciudadano se tratara, llevando a
cabo el pago de los impuestos necesarios con base al valor de los bienes

blanqueados. Aunque, a veces, surgen o se buscan lo que se conoce como

lagunas legales, las cuales son llevadas al límite permitiendo a los
defraudadores evitar o reducir el pago del importe a tributar.

En relación con la figura de “asesor” del abogado, podemos encontrarnos con

dos posturas enfrentadas, por un lado, el obligado deber de reserva del

profesional de aquellos hechos o noticias que conozca a través de su actividad,
no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos, art. 542.3, de la Ley

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Y, por otra parte, la

obligación de comunicar a la Unidad Financiera los indicios de blanqueo de
capitales que conociese a través del desarrollo de su actividad profesional. El

incumplimiento de la primera de las obligaciones podría deparar sanciones

deontológicas e incluso penales, y de la segunda cuantiosas sanciones
conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de capitales y de la

financiación del terrorismo. Sin embargo, para evitar la antonimia legal, existe

una excepción a la figura del abogado, en su art. 22 que dice que «no estarán

sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, 18 y 21 con
respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre

él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su

misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con

ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un