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CAMINO DE SERVIDUMBRE
enunciarse en forma genérica. La consecuencia es que cuando la planifica-
ción se extiende, la delegación de poderes legislativos en diversas comisio-
nes y organismos se hace mayor cada vez.Cuando,antes de la primera guerra
mundial, en una causa sobre la que el difunto Lord Hewart llamó reciente-
mente la atención,el juez Darling dijo «que hasta el año pasado no ha decre-
tado el Parlamento que el Ministerio de Agricultura, al actuar como lo hace,
no será más impugnable que el Parlamento mismo», referíase todavía a un
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caso raro. Después se ha convertido en el hecho diario. Constantemente se
confieren los más amplios poderes a nuevos organismos que, sin estar suje-
tos a normas fijas, gozan de la más ilimitada discreción para regular esta o
aquella actividad de las gentes.
El Estado de Derecho implica, pues, un límite al alcance de la legisla-
ción. Restringe ésta a aquella especie de normas generales que se conoce
por ley formal, y excluye la legislación dirigida directamente a personas
en particular o a facultar a alguien en el uso del poder coercitivo del Estado
con miras a esa discriminación. Significa, no que todo sea regulado por ley,
sino, contrariamente, que el poder coercitivo del Estado sólo puede usarse
en casos definidos de antemano por la ley, y de tal manera que pueda pre-
verse cómo será usado. Un particular precepto puede, pues, infringir la su-
premacía de la ley. Todo el que esté dispuesto a negarlo tendría que afir-
mar que si el Estado de Derecho prevalece hoy o no en Alemania, Italia o
Rusia, depende de que los dictadores hayan obtenido o no su poder abso-
luto por medios constitucionales. 9
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8. [El jurista inglés Charles John, Primer Barón Darling (1849-1936) fue miembro conservador
del Parlamento,juez y miembro de varias comisiones reales.Para más datos sobre Lord Hewart,véase
el prólogo a la edición americana en rústica de 1956, nota 25. —Ed.]
9. Otro ejemplo de infracción legislativa del Estado de Derecho es el bill of attainder, familiar en
la historia inglesa. La forma que la supremacía de la ley adopta en el Derecho penal se expresa usual-
mente por el dicho latino nulla poena sine lege, no hay castigo sin ley que expresamente lo prescriba.
La esencia de esta regla consiste en que la ley ha de tener existencia como norma general antes de que
surja el caso individual al que se aplique. Nadie aseguraría que cuando, en una famosa causa durante
el reinado de Enrique VIII,el Parlamento resolvió con respecto al cocinero del obispo de Rochester:«que
el llamado Richard Rose será quemado vivo,sin atender al privilegio de su condición eclesiástica»,promulgó
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