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LA PLANIFICACIÓN Y EL ESTADO DE DERECHO

               corriente entre nuestros titulados progresistas, y pocas cosas exponen más
               a uno al reproche de ser un reaccionario que la protesta contra una medida
               por considerarla como una violación de los derechos del individuo. Incluso
               un periódico liberal como The Economist nos echaba en cara hace pocos años
               el ejemplo de Francia, nada menos, que habría aprendido la lección en virtud
               de la cual el gobierno democrático, no menos que la dictadura, debe tener
               siempre [sic] poderes plenarios in posse, sin sacrificar su carácter democrá-
               tico y representativo. No existe un área de derechos individuales restricti-
               va que nunca puede ser tocada por el Estado por medios administrativos,
               cualesquiera que sean las circunstancias. No existe límite al poder de regu-
               lación que puede y debe emplear un gobierno libremente elegido por el pueblo,
               y al cual pueda criticar plena y abiertamente una oposición. 14
                  Esto puede ser inevitable en tiempo de guerra, cuando, además, hasta la
               crítica libre y abierta tiene necesariamente que restringirse. Pero el «siem-
               pre» del párrafo citado no sugiere que The Economist lo considere como una
               lamentable necesidad de los tiempos de guerra. Y, sin embargo, como insti-
               tución permanente, aquella idea es, en verdad, incompatible con el mante-
               nimiento del Estado de Derecho, y lleva directamente al Estado totalitario.
               Pero es la idea que tienen que compartir todos los que desean que el Estado
               dirija la vida económica.
                  La experiencia de los diversos países de Europa Central ha demostrado
               ampliamente hasta qué punto,incluso el reconocimiento formal de los dere-
               chos individuales o de la igualdad de derechos de las minorías pierde toda
               significación en un Estado que se embarca en un control completo de la vida
               económica. Se ha demostrado allí que es posible seguir una política de cruel
               discriminación contra las minorías nacionales mediante el uso de conocidos
               instrumentos de la política económica, sin infringir siquiera la letra del
               estatuto de protección de los derechos de la minoría. Facilitó grandemente
               esta opresión por medio de la política económica el hecho de que ciertas indus-
               trias y actividades estaban en gran medida en manos de una minoría nacio-
               nal, de manera que muchas disposiciones orientadas aparentemente contra
               una industria o clase se dirigían en realidad contra una minoría nacional.



                  14. [Hayek cita el editorial titulado «True Democracy,» The Economist, vol. 87, 18 de noviembre
               de 1939, pp. 242-43. —Ed.]

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