Page 287 - DERECHO INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA (1988)

las movilizaciones populares del campesinado indígena de principios y mediados
de los sesenta, que vuelve a entrar nuevamente al escenario nacional como un
protagonista con su propio programa político resumido en la fórmula "tierra o
muerte" y en el cuestionamiento del viejo orden agrario del obsoleto poder
oligárquico atrincherado en las zonas rurales del país. Las luchas armadas que
acompañan esta insurgencia campesina e indígena serán finalmente derrotadas,
en el plano estrictamente militar, pero abrirán una herida profunda en la conciencia
social del país e impulsarán a un sector de los militares a tomar el poder en 1968,
fundamentalmente para contrarrestar, con una opción de cambios profundos, la
amenaza de una sublevación popular, campesina e indígena generalizada y para
deshacer la envejecida connivencia de las fuerzas armadas y un orden oligárquico
a todas luces incapaz de conducir al país por una vía de desarrollo más
independiente y nacionalista.

La cuestión indígena en la Revolución peruana de los militares

Llegamos así a otro momento crucial de la historia reciente del Perú en el
cual la entera concepción de la sociedad nacional, de sus componentes sociales y
culturales y de su desarrollo económico dependiente y servil hace crisis en
algunos de los sectores medios, de la pequeña y mediana burguesía,
tradicionalmente aliados o conniventes con el ordenamiento oligárquico y
exportador tradicional. Se trata de un momento de culminación de una lucha por la
supremacía política entre dos tendencias del desarrollo capitalista claramente
contradictorias: la vieja oligarquía terrateniente y agro exportadora agobiada por
su propia incapacidad y los titubeantes sectores monopólicos y financieros de una
neoburguesía industrial que se cobija en la sombra de los intereses imperialistas y
que no logra articularse como bloque de clase con capacidad de conducción. Es
en este marco de vacío hegemónico de las clases dominantes que los militares
toman en sus manos sorpresivamente la realización de un proceso de
modernización estructural e inician un proyecto de reorganización radical de la
sociedad peruana, de su sistema socioeconómico y político y de sus relaciones
globales con la metrópoli dominante y el resto de los países del mundo.

Para esto actúan sobre tres frentes: nacionalización de los recursos
estratégicos para debilitar la opresión extranjera ejercida sobre el Perú;
expropiación de los latifundios más productivos para minar el poder político
oligárquico quitándole las bases materiales de su dominación interna, y
fortalecimiento industrial con alta intervención estatal precisamente por la debilidad
orgánica de la burguesía, y una consecuente reorientación de la supuesta
capacidad empresarial de ésta hacia las inversiones en el sector industrial
moderno (por medio de bonos de la deuda agraria rescatables en estas
inversiones, liberación impositiva, etc.). El Estado asume el papel protagónico en
todos estos reordenamientos estructurales frente a la sumisión que la burguesía
nativa guarda con el capital internacional y frente a la débil movilización popular
que logra producir, en las clases y sectores beneficiarios de estas reformas, a
través de sistemas verticales y autoritarios de participación social.

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