Page 484 - Edición N° 30

Luego de transcurridos pocos años desde que se proporción entre los medios a emplear y «
emitió y publicó el POO30, el 11 de abril de 2001 los fines públicos que deba tutelar, a fin de Z Z
se publicó la Ley 27444 que entró en vigencia el que respondan a lo estrictamente necesario c a r
M —
11 de octubre del mismo año. Entre las distintas para la satisfacción de su cometido. CAJ
disposiciones de dicha Ley, destacan para los OO
OO
efectos que nos interesan en el presente trabajo Artículo 55.- Derechos de los adminis­
AUTOR
las siguientes: trados NACIONAL
Son derechos de los administrados con
Artículo IV.- Principios del procedimiento respecto al procedimiento administrativo,
administrativo los siguientes:
1. El procedimiento administrativo se sus­ (...)
tenta fundamentalmente en los siguientes 10. A que las actuaciones de las entidades
principios, sin perjuicio de la vigencia de que les afecten sean llevadas a cabo en la
otros principios generales del Derecho forma menos gravosa posible.
Administrativo: (Énfasis añadido)
(...)
1.4. Principio de razonabilidad.- Las de­ De ello se aprecia con meridiana claridad que lo QJ
Ti
cisiones de la autoridad administrativa, que la Ley 27444 ha recogido en los menciona­ T>
ro
cuando creen obligaciones, califiquen dos dispositivos no es otra cosa que los criterios TS
infracciones, impongan sanciones, o esta­ que el POO había considerado para analizar la
blezcan restricciones a los administrados. razonabilidad de una medida que, en principio,
deben adaptarse dentro de los límites de la sería legal31. La similitud se puede apreciar con
facultad atribuida v manteniendo la debida mayor claridad en el siguiente cuadro: (V
TS
O

UBICACIÓN POO LEY 27444 O)
O
CRITERIO (1997) (2001) oj
Ts
"En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga "Artículo IV.- Principios del procedi­ TI
de probar ante la Comisión: (i) El interés público que miento administrativo
justificó la medida impugnada y los beneficios para 1. El procedimiento administrativo se
Fin público la comunidad que se esperaban obtener con ella, (ii) sustenta fundamentalmente en los
Que las cargas o restricciones impuestas sobre los siguientes principios, sin perjuicio de la
administrados eran adecuadas o razonables, tenien­ vigencia de otros principios generales ai
do en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (...)" del Derecho Administrativo: T3
O
"Sobre la base de los elementos de juicio aportados (...) c E
por la entidad denunciada, corresponde a la Comi­ 1.4. Principio de razonabilidad.- Las de­ 3
sión efectuar un b cisiones de la autoridad administrativa,
alance de los costes privados que se derivan de la cuando creen obligaciones, califiquen o
CL
exigencia cuestionada, frente a los posibles be­ infracciones, impongan sanciones, o
neficios públicos previstos, a fin de determinar la establezcan restricciones a los adminis­
racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba trados, deben adaptarse dentro de los
Proporcionalidad TS
justificada, si era proporcional a los fines previstos límites de la facultad atribuida y mante­ ai
y si no generaba tratos discriminatorios). Debe niendo la debida proporción entre los
recordarse que, dado que las exigencias impuestas medios a emolear v los fines públicos
sobre los agentes económicos generan sobrecostos que deba tutelar, a fin de que respon­
para el funcionamiento del mercado, corresponde a dan a lo estrictamente necesario para
la entidad denunciada probar la racionalidad de las la satisfacción de su cometido." (Énfasis
cargas o restricciones establecidas." añadido). 00
CSÍ
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30. Emitido el 16 de julio de 1997 y publicado el 20 de agosto del mismo año.
§
31. Recuérdese que para analizar la razonabilidad de una barrera burocrática, previamente debía haber superado el Q
análisis de legalidad.

Vigencia de la metodología de análisis de casos aplicada en materia de eliminación de barreras burocráticas 481