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I. INTRODUCCIÓN En efecto, a la luz de los principios de progresivi-
dad y no regresión, interdependencia, igualdad
En la última década la Corte Interamericana y ejecutividad, entre otros, la Corte IDH ha otor­
de Derechos Humanos (Corte IDH) ha venido gado una naturaleza expansiva a los derechos
interpretando muy activamente la Convención humanos involucrados en todo proceso o proce­
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en dimiento. Básicamente, de acuerdo a los artículos
pro de la defensa de los derechos de los pueblos 8 y 25 del Pacto de San José, la jurisprudencia de
y comunidades indígenas, ocupándose del reco­ la Corte IDH ha desarrollado interpretativamente
nocimiento de sus particularidades culturales y en los casos concretos que ha resuelto, un haz de
sus implicaciones jurídicas.1 derechos e instituciones procesales que serán
objeto de análisis, con particularidades cuando se
De manera general, ese dinamismo jurispruden­ involucran los pueblos y comunidades indígenas.
cial puede advertirse en la manera en que dicho
Tribunal ha interpretado los artículos 8 y 25 del Así, las garantías mínimas para desarrollar el
Pacto de San José, preceptos que han sido los acceso a la jurisdicción, la organización que de­
L im a más invocados en el sistema interamericano de manda la misma y las garantías del proceso para
de derechos humanos; si bien casi siempre de forma las partes, constituyen elementos centrales para
instrumental o colateral para la protección de
la existencia de un proceso justo tanto en los
U n i v e r s i d a d otros derechos, como a la vida, integridad física, ordenamientos jurídicos nacionales, como en el
ejercicio concreto de los mismos. Por ello, la Corte
libertad personal, igualdad, etc. Sin embargo, ello
IDH viene incorporando y tutelando derechos
no ha sido óbice para que la jurisprudencia de la
humanos "colectivos" demandados por grupos
Corte IDH haya ido desarrollando una doctrina
D e r e c h o d e la básica en la materia, caracterizada por su carác­ caso de las poblaciones indígenas americanas.
humanos y no sólo individualmente, como es el
ter evolutivo de una concepción formalista de la
norma hacia una concepción abierta y dinámica,
Como se desarrollará en el presente estudio,
que ha supuesto transitar de la autolimitación
la garantía al derecho al recurso efectivo (cuya
F a c u l t a d d e judicial -self restraint- hacia el activismo judi­ formal, sino también a su idoneidad, artículo 25
protección no se ha limitado a su existencia
cial -judicial activism-. Esto, a su vez, plantea en
materia del debido proceso abrir, sin perjuicio de
de la CADH) y la del derecho al plazo razonable
la tutela subjetiva e individual de los derechos
d e la humanos, un horizonte del debido proceso en (garantíasprocesales, artículo 8 de la CADH) han
obtenido un matiz especial, al conjugarlo con la
un sentido objetivo.
necesidad de que los Estados parte de la Con­
p o r a l u m n o s El debido proceso en un sentido objetivo, sin vención consideren las condiciones económicas
y sociales de los grupos indígenas, así como
perjuicio de su tradicional sentido subjetivo, ha
sus usos, valores y costumbres, además de su
llevado a la Corte IDH a asumir el control no sólo
e d i t a d a de procesos judiciales, sino también de procesos situación especial de vulnerabilidad; lo anterior
se complementa con la obligación de adecuar
administrativos, políticos o de cualquier otra ín­
los ordenamientos internos de acuerdo al Pacto
dole; asimismo, las garantías judiciales mínimas
R e v is ta son interpretadas no sólo en un sentido formal, de San José (artículo 2), como lo ha venido reite­
rando la jurisprudencia de la propia Corte IDH.
sino también sustantivo, donde los jueces desa­
rrollan altas cuotas de argumentación jurídica;
a la cual se ha ido incorporando instituciones El acceso a la justicia de los pueblos indígenas
propias de la doctrina constitucional. ha tenido dificultades debido a sus particula-
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ADVOCATUS 1. Cfr. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, "Panorama de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos". En VON

BOGDANDY, Armin, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, y MORALES ANTONIAZZI, Mariela (coords.). La justicia
constitucional y su internacionalización: ¿Hacia un lus constitutionale Commune en América Latina?. México: UNAM-
Max Plañe Institut, 2010, tomo II, pp. 335-401.

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