Page 25 - JURISPRUDENCIA CIVIL MERCANTIL PENAL No. 197

establecidos en la ley, en la Amparo directo 949/2016. María de Jesús Velázquez Flores y otros. 31 de
literatura o protocolos médi- agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Se-
cos; por consiguiente debe
tenerse como legitimada a la en el Semanario Judicial de la Federación.
persona que resultó víctima
del hecho ilícito que recibió
la atención médica, pues 24 de noviembre de 2017.- Tesis: I.12o.C.11 C (10a.)
sólo así puede examinarse
la relación causa efecto
entre el hecho ilícito y el
resultado. Por ello es que el
daño moral experimentado
por la víctima como persona
afectada en su salud direc-
tamente con el ilícito, es un
perjuicio intrínsecamente
ligado a su experiencia per-
sonal, que sólo puede ser
reclamado por él y no por
alguna otra persona, salvo
que la víctima del hecho
ilícito haya intentado la ac-
ción en vida y fallezca pues,
en ese caso, conforme al
artículo citado, la acción de
reparación por daño moral
no es transmisible a terceros
por actos entre vivos y sólo
pasa a los herederos de las
víctimas cuando ésta haya
intentado la acción en vida,
por lo que los familiares de
la víctima directa carecen
de legitimación para ejercer
la acción indemnizatoria de
forma autónoma e indepen-
diente por la afectación que
sufrió la víctima; lo cual es
acorde con la naturaleza del
daño moral y la afectación
directa a la víctima, por lo
que no puede legitimarse a
una persona que, teniendo
la calidad de pariente, no
resintió el daño moral di-
rectamente, porque es evi-
dente que no debe tomarse
como un medio generador
de riqueza. De lo que se
advierte que los familiares
de la víctima sólo estarán le-
gitimados ante la muerte de
aquélla y, siempre y cuando
la acción la iniciara antes de
su defunción.
cretario: Fernando Aragón González.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas
Décima Época.- Registro: 2015655.- Instancia: DÉCIMO SEGUNDO TRI-
BUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Tesis:
Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Publicación: viernes
Honorarios
ONORARIOS DEL PERITO TERCERO EN
HDISCORDIA. EL ARTÍCULO 1255 DEL CÓDI-
GO DE COMERCIO QUE ESTABLECE SU PAGO,
NO VULNERA EL DERECHO A LA JUSTICIA, SU
GRATUIDAD, NI LA PROHIBICIÓN DE COSTAS
JUDICIALES. El precepto citado, al establecer que
los honorarios del perito tercero en discordia, autori-
zados por el juez, serán cubiertos por ambas partes
en igual proporción, no vulnera el derecho de acceso
a la justicia, su gratuidad ni la prohibición de costas
judiciales previstos en el artículo 17 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
que tales honorarios constituyen uno de los gastos
o costos económicos que deben asumir las partes
de manera ordinaria en la defensa de sus intereses
dentro de un proceso judicial mercantil, como ocurre
también con la generación de copias, la obtención
de documentos originales, el traslado de testigos,
los honorarios de abogado, la remuneración al de-
positario de bienes, la publicación de edictos, entre
otros, y de los que eventualmente pueden verse
resarcidos si obtienen sentencia condenatoria en
costas a su favor; por lo cual dicho gasto no puede
considerarse un obstáculo al acceso a la jurisdic-
ción sino como una carga necesaria e inherente al
ejercicio de ese derecho fundamental; y sin que el
pago de esos honorarios pueda incluirse en la cate-
goría de costas judiciales prohibidas por el artículo
17 constitucional, en tanto que el servicio del perito
tercero en discordia no forma parte de la función
jurisdiccional prestada por el Estado, sino que se
relaciona directamente con el interés de las partes
de rendir íntegramente la prueba pericial ofrecida
en el juicio, en cuyo desahogo ambas tienen par-
ticipación, de modo que son éstas quienes deben
retribuir la actividad de ese experto, quien acude al
juicio como un tercero en auxilio del juez, igual que
ocurre con los testigos, y no como un funcionario
judicial.
Amparo en revisión 326/2016. Ruperto Augusto González
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