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Gaceta Jurídica S.A.
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                                           HildeBRANdO CASTRO POZO CHÁVeZ                     Gaceta Jurídica S.A.


                               17. Los principios generales del derecho son un criterio de interpretación a las diferentes
                               situaciones concretas no previstas en la normativa o cuando las normas son poco claras
                               o existe algún vacío legal, tal como lo establece el artículo 3 de la Ley. Para Marcial
                               Rubio , los principios regulan la conducta de todos aquellos involucrados: partes de un
                                   (1)
                               proceso, magistrados judiciales, fiscales, abogados, etc. Nadie puede dejar de obedecerlos
                               (se encuentren positivados o no) y, en este sentido, son normas de orden público con todas
                               las consecuencias que ello tiene en el derecho.
                                  “Así, destaca Leguina Villa el rasgo de su carácter central e intrínseca importan-
                                  cia para el sistema; los principios generales –afirma– “expresan y articulan téc-
                                  nicamente los valores centrales, las representaciones jurídicas generales o las
                                  opciones básicas de cada sistema jurídico” (…) En la misma línea, Santamaría
                                  Pastor afirma que son “aquellas reglas communis opinio de los actores de un siste-
                                  ma jurídico, en cada momento histórico, considera efectivamente que son Principios
                                  Generales del Derecho. “Para acabar de perfilar una idea cabal de estos cabe citar el
                                  rasgo resaltado por Puig Brutau, siguiendo a Esser: lo que caracteriza al principio
 Gaceta Jurídica S.A.          18. De otro lado, los procedimientos administrativos constituyen “fundamentalmente re- Gaceta Jurídica S.A.
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                                  general es que no contiene referencia concreta al supuesto de hecho de su aplicación,
                                  de ahí que se pueda afirmar que un principio no es una norma jurídica en sentido
                                  técnico porque no contiene una indicación vinculante con carácter inmediato para un
                                  determinado campo de problemas” .
                                                           (2)
                               gulaciones de la actividad del Estado administrador frente a los administrados y las garan-
                               tías que el Estado ofrece a esos administrados para asegurarles imparcialidad, celeridad
                               y eficacia en sus decisiones, las que de una u otra manera, están directa o indirectamente
                               relacionadas con derechos o intereses legítimos de los administrados” . En ese sentido, el
                                                                                (3)
                               procedimiento administrativo es un “cauce formal de la serie de actos en que se concreta
                                                                         (4)
                               la actuación administrativa para la realización de un fin”  que evitan la aplicación de
                               criterios discrecionales de la Administración.
                               19. Precisamente, el artículo 3 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
                               establece que los principios señalados en ese artículo servirán de criterio interpretativo
                               para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de con-
                               trataciones y adquisiciones del Estado.
                               Todos los principios suelen ser concurrenciales al caso en que se pretende aplicar, pero
                               solo algunos tienen mayor afinidad con la naturaleza de la materia que se discute.
                               20. En la presente controversia, se declaró nulo el proceso de selección porque las Bases
                               fueron aprobadas por el Gerente General y no por el Directorio, como correspondería a
                               tenor de lo establecido en los artículos 25 de la Ley y 53 del Reglamento.
                               21. A fin de evitar que la aplicación mecánica de las disposiciones establecidas en la nor-
                               mativa, la cual puede conducir a conclusiones contrarias a los principios y la finalidad del
                               proceso de selección, es importante tomar en cuenta las particularidades que conciernen
                               al caso en concreto y que se encuentran explicadas en la presente resolución, a fin de
                               no privilegiar la forma por la forma misma, máxime si no se advierte de modo concreto



                        (1)   RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Fondo Editorial de la Pontificia
                             Universidad Católica del Perú. Tomo IV, p. 28.
                        (2)   LÓPEZ MENUDO, Francisco. “Los Principios Generales del Procedimiento Administrativo”. En: Revista de
                             Administración Pública. N° 129. Setiembre-diciembre 1992.
                        (3)   VALDEZ CALLE, Antonio. Comentarios a las Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Octu-
                             bre 1969.
                        (4)   Exposición de Motivos de la Ley de Procedimientos Administrativos de España.

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