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LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LA EMPRESA

presa permanece inactiva, sin llevar a cabo actuación alguna durante los
tres meses siguientes, notificando posteriormente al trabajador su despi-
do. En este caso habrá de entenderse que la paralización del expediente
por la empresa durante tres meses, origina la prescripción de las faltas im-
putadas.

Ante el despido de un representante sin la apertura de expediente contradictorio
previo el despido habrá de ser declarado improcedente (artículos 55.4 ET y 108.1 LRJS),
pudiendo la empresa iniciar la tramitación del expediente en el plazo de los siete días
siguientes a la sentencia que declaró la improcedencia (artículo 110.4 LRJS), aplicándose
el mismo criterio cuando el expediente tramitado fuera defectuoso o incompleto.
Si la sanción impuesta no fuera la de despido, la falta de tramitación de expediente
previo o la nulidad del expediente por defectos esenciales del mismo originará la decla-
ración de nulidad de la sanción impuesta [artículos 115.1.d) y 115.2 LRJS].
No resulta pacífico que haya de abrirse el expediente contradictorio cuando se trate
de personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Es cierto que el artículo
98.1 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que “no podrán imponerse san-
ciones por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento
previamente establecido”, pero no lo es menos que el citado Estatuto no ha sido objeto
de desarrollo en este particular (SSTSJ Castilla-La Mancha, de 8 de mayo de 2009, rec.
181/2009 y Asturias, de 5 de diciembre de 2008, rec. 1886/2008) de aquí que algunos
tribunales hayan entendido que no es necesario la apertura del expediente sanciona-
dor. En nuestra opinión tal criterio podría ser válido con relación a los trabajadores al
servicio de las Administraciones públicas que no ocupen cargo representativo, mientras
que en aquellos supuestos en los que el trabajador sea representante unitario o sindical
serán de aplicación las normas contenidas en el ET y en las LOLS y, en consecuencia,
procederá la apertura del expediente.

3.2. Ejercicio del derecho de opción en los supuestos de despido improcedente

Con carácter general el ejercicio del derecho de opción entre la readmisión o el abono
de la indemnización correspondiente se atribuye al empresario cuando el despido es
declarado improcedente, sin embargo cuando se trata de representantes de los trabaja-
dores se invierte el ejercicio de tal derecho de opción y se atribuye al representante des-
pedido (artículos 56.4 ET y 110.2 LRJS), extendiéndose también la opción a favor de los
candidatos presentados o proclamados (SSTS de 22 de diciembre de 1989; 20 de junio
de 2000, rec. 3407/1999 y 2 de diciembre de 2005, rec. 6380/2003), e incluso a favor de
quien no teniendo la condición de candidato proclamado, le constaba a la empresa que
iba a presentarse, siempre que el proceso electoral se haya iniciado y que el trabajador
resulte elegido (STS de 28 de diciembre de 2010, rec. 1596/2010).

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