Page 272 - El nuevo zar

hospitalizados, la policía se lo llevó esposado. Lébedev era el presidente de
Menatep, el banco que controlaba el 61 % de las acciones de Yukos, pero los
fiscales lo acusaron de fraude respecto de un turbio acuerdo de 1994 para
comprar una compañía de fertilizantes llamada Apatit. Jodorkovski fue

convocado dos días más tarde como testigo y, una semana después de eso, la
policía hizo una redada en una de las oficinas de Yukos. El fiscal general,

Vladímir Ustínov, no hizo ninguna jugada en contra de Jodorkovski, pero la
presión aumentó. Ustínov, antes un fiscal medio de Sochi, no era parte del
círculo de San Petersburgo de Putin, pero había demostrado su temple al
organizar los ataques judiciales que llevaron a Gusinski y Berezovski al

exilio. Y se volvió cada vez más cercano a la corte de Putin dentro del
Kremlin, en especial a Ígor Sechin, cuya hija se casó con su hijo ese año.

Jodorkovski y sus socios creían que Putin y Sechin habían ordenado las

investigaciones de los asuntos de Yukos,[29] pero no esperaban más que un
asedio judicial que serían capaces de combatir. Jodorkovski creía que la

importancia de Yukos para la economía lo protegería a él y a la compañía. En
una reunión de líderes de departamento de Yukos, Jodorkovski advirtió que la
compañía afrontaba un ataque procesal y dijo que los que no se sintieran
preparados debían irse, pero él prometió quedarse y luchar.[30]

El caso Yukos, como pasó a conocerse muy pronto, creó confusión y
alarma. Putin fue tan poco claro que nadie sabía si la investigación era señal
de la primera salva para la renacionalización de las industrias subastadas en

los años noventa u otra cosa. Funcionarios y empresarios esperaban lo peor.
La bolsa de Rusia —una inversión lucrativa pero nunca estable— cayó un 15

% en las primeras dos semanas tras el arresto de Lébedev, y el valor de Yukos
se redujo en 7.000 millones de dólares, casi un quinto de su total. El día de las
redadas en Yukos, Putin se reunió en el Kremlin con la dirigencia
parlamentaria, los jefes de los consejos de los sindicatos y los magnates,

representados por Arkadi Volski, que advirtió que la escalada en las
investigaciones dañaría la economía. Putin no habló de Yukos de forma

directa, pero advirtió que el Kremlin no toleraría organizaciones públicas que
no colocaran el bien común «por sobre sus intereses corporativos, personales
o de grupo». En declaraciones televisadas, habló crípticamente: «Por
supuesto, me opongo al forcejeo, y creo que esta no es la forma de resolver el

problema de los crímenes económicos. No podemos basar nuestras acciones
en el aplauso a alguien que está siendo encarcelado». En cuestión de semanas,